La expresión que encabeza este trabajo ha sido ya suficientemente comentada incluso por los especialistas del tema; pero, dado el origen netamente económico y clasista del mismo, esta especie de paradoja social que sufrimos ahora no encontrará nunca solución definitiva mientras no se cambie el modo de producción en que vivimos, que convierte cada vez más los derechos humanos en mercancías disponibles solo para el mejor postor.
Los ingresos de los mexicanos ya no les alcanzan ni para cubrir sus necesidades básicas; menos les va a alcanzar para pagar los altos costos que reclaman los empresarios que pretenden venderles pequeñas viviendas.
Se sabe que esta paradoja se ha convertido ya incluso en una especie de concepto, que se refiere a que, por un lado, hay familias que no tienen acceso al disfrute de su derecho constitucional a la vivienda digna, por falta de recursos económicos, discriminación, falta de políticas públicas efectivas de los gobiernos o por la desigualdad social en que vivimos.
Por otro lado, se sabe que hay viviendas recién construidas vacías, ya sea por especulación inmobiliaria, falta de demanda en ciertas zonas o porque simplemente los inmuebles no cumplen con las necesidades de los posibles compradores.
El resultado está a la vista de todo aquel que lo quiera ver: viviendas de interés social solas, abandonadas, vandalizadas y convertidas en focos de inseguridad, mientras que familias enteras literalmente peregrinan en búsqueda de un lugar digno, aunque sea un rincón en renta, donde resguardar a sus hijos y los pocos muebles que tienen.
Aunque los gobiernos dicen reconocer esta paradoja social, en los hechos no dimensionan ni analizan correctamente el problema en sus justos términos. No se trata aquí de un problema administrativo, o de que las familias se nieguen a comprar las viviendas construidas por los desarrolladores, ni mucho menos de que se rehúsen a pagar las que ya habitan.
El problema es más de fondo, pues los ingresos de los mexicanos ya no les alcanzan ni para cubrir sus necesidades básicas; por tanto, mucho menos les va a alcanzar para pagar los altos costos que reclaman los empresarios dueños de las pequeñas viviendas que pretenden vender.
En la conferencia mañanera del 14 de abril pasado, el gobierno federal anunció que se realizará un censo en casi un millón de viviendas con créditos de Infonavit y Fovissste en situación de abandono, para determinar la situación legal de cada una de ellas, para saber así —según se dijo— cuáles serán las soluciones que se pueden dar a las personas propietarias u ocupantes de dichas viviendas.
Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, lo dijo de la siguiente manera:
“Hemos firmado un convenio de colaboración con la Secretaría del Bienestar para hacer un censo, conocer cuál es el estado que guardan estas viviendas, cuántas hay abandonadas, cuántas vandalizadas, cuántas ocupadas irregularmente, en fin, un planteamiento del problema para encontrarle soluciones, que van a ser bastantes”.
Y seguramente que, para no desentonar con el carácter proselitista del planteamiento, el funcionario abundó así: “Esto nos va a permitir ofrecer la mejor solución, no vamos a desalojar a nadie, se trata de encontrarles soluciones a todas las familias que hoy ocupan estas viviendas” (El Economista, 14 de abril de 2025).
El anuncio del gobierno federal puede sonar alentador para muchos mexicanos; pero, como ya dije, a mí me parece limitado y carente de verdadera intención de resolver el problema, por lo que el anuncio genera más interrogantes que certezas.
Lo primero que debemos saber es que todas, absolutamente todas las viviendas de interés social construidas por los empresarios desarrolladores, sin excepción, fueron edificadas teniendo como objetivo final su venta, es decir, fueron concebidas como mercancía; por lo que a los empresarios les tiene sin cuidado si las viviendas se usan o no.
Esa es la primera razón del supuesto abandono de muchas de ellas. Y como toda mercancía, las pequeñas viviendas estarán ahí, abandonadas, mientras los empresarios no encuentren la manera de realizar la ganancia que esperan por cada vivienda.
¿Cómo hará el gobierno federal para resolver semejante problema? ¿Se pondrá, ahora, a vender viviendas como vende chocolates del bienestar?
En segundo lugar, la inmensa mayoría de las viviendas que no han sido pagadas por sus posesionarios están bajo esa condición porque, quienes las adquirieron y habitan, han visto disminuidos sus ingresos por el aumento excesivo en los costos de todas las tarifas de servicios, impuestos y de los principales satisfactores básicos que necesitan para garantizar la vida de sus familias.
Es decir, no pagan sus viviendas porque ya no completan para hacer los abonos correspondientes con su magro ingreso. ¿Cómo hará entonces el gobierno para que los posesionarios paguen sus créditos, y los desarrolladores garanticen su inversión y su ganancia?
Y finalmente, también están las viviendas abandonadas y en posesión irregular, que construyeron los desarrolladores sin los permisos correspondientes conforme a la ley de asentamientos, muchas de las cuales están en las ciudades como colonias fantasmas, sin servicios por falta de la llamada “municipalización”, producto de cómplices omisiones de los funcionarios encargados.
Muchas de estas viviendas también están en posesión de familias muy humildes, que no tuvieron más remedio que meterse a habitar esos pequeños edificios en obra gris, sin ventanas ni puertas, sin servicios ni seguridad. ¿Qué hará el gobierno para ayudar a estas pobres familias —que no va a desalojar, según su dicho—, al mismo tiempo que garantizará el derecho de los constructores?
Como dije, estas y otras muchas interrogantes que aún no descubro, pero que seguramente generan zozobra a los posesionarios de estas viviendas, están generando un clima de inseguridad más que de tranquilidad a miles de mexicanos.
Y como también ya lo afirmé, el problema al que nos enfrentamos ahora no es de carácter administrativo ni moral, sino de índole económico y clasista. La disyuntiva es clara y todo dependerá de cómo actúen los gobiernos en este caso: o garantizan el derecho e interés de los constructores de viviendas abandonadas o posesionadas, o protegen el derecho y el interés de los posesionarios y las familias sin vivienda.
En ambos casos, dado que el modo de producción en que vivimos privilegia siempre el derecho a la libre empresa y el mercado, la única salida posible aquí es, justamente lo que los gobiernos no quieren ver, es decir, promover el empleo y un salario suficientemente remunerador para todos los mexicanos.
Sin suficientes ingresos económicos, las familias nunca podrán pagarse una vivienda digna, aunque así lo quieran. ¿Es esta la solución que está buscando el gobierno federal para todas las familias mexicanas? Veremos.
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