Sin duda alguna, la pobreza es el principal problema social de México y conocer su verdadera magnitud para combatirla es indispensable, en el entendido de que no son los datos ni el discurso los que van acabar con ella, sino la implementación de toda una serie de políticas públicas verdaderas que calen hondo en el beneficio material y espiritual de los sectores más desprotegidos de la sociedad mexicana.
Digo esto, porque luego que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentara los nuevos resultados de la medición de la pobreza en México correspondientes al periodo 2018-2024, en las que reporta que 13.4 millones de personas dejaron de estar en pobreza multidimensional, y que 1.7 millones de mexicanos en pobreza extrema dejaron esta condición; los datos fueron recogidos en el discurso oficial extendiéndose al primer informe de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, rendido el 1º de septiembre, hecho que junto con otros aspectos, lo destacó como un logro histórico de los gobiernos de la 4T, al grado de que México “vive un momento estelar”.
La presidenta de la República señaló que “el modelo funciona porque redujo la pobreza y la desigualdad, debido al aumento del salario mínimo, a los programas sociales y al acceso a los derechos”. Al respecto, varios especialistas en el tema se pronunciaron en que esto no es así, que esta aparente mejoría no tiene un sustento estructural y que el modelo económico no funciona, debido al contexto de estancamiento que genera, ya que la economía creció del 2018 a 2024 en 0.8 por ciento promedio anual, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita es negativo y se depaupera la estructura salarial.
Efrén Pérez, gerente de gestión de conocimiento en Oxfam México, señaló que “a pesar de los avances en política social y en política laboral de los últimos seis años, la desigualdad de ingresos en nuestro país es persistente; persisten enormes brechas en el acceso a derechos básicos como salud, vivienda y educación".
Y es que no se trata de buscar males donde no los hay, pero es una verdad puesta en evidencia que los datos recientes del Inegi, muestran que, aunque disminuyó el porcentaje de población en pobreza, algunas carencias aumentaron. El acceso a servicios de salud pasó de 16.2 por ciento de la población en 2018 a 34.2 por ciento en 2024. En seguridad social, la carencia bajó de 66.2 a 62.7 millones de personas, pero sigue afectando a casi la mitad de la población (48.2 por ciento), además que, en el caso de la salud, el indicador mide afiliación, no acceso efectivo; una persona puede estar registrada pero no recibir atención ni medicamentos oportunos.
En cuanto al acceso a los derechos señalados por parte de la presidenta, es cierto que aumentaron los gastos en educación (en becas principalmente, no en mejoramiento de infraestructura) y salud en relación con el PIB en el sexenio de 2018 a 2024, sin embargo, no ocurre lo mismo en 2025. Hacienda reportó que de enero a mayo de 2025 hubo una reducción del gasto anual en salud de 10.8 por ciento y el de educación de 8.0 por ciento anual en relación con el mismo período de 2024.
Pues bien, como el tema da para que muchos lleven agua a su molino, en Yucatán, sucede que la “disminución” de la pobreza el en estado no se debe a que “el modelo implementado por la 4T funciona”, sino “al trabajo realizado por el gobierno estatal panista 2018-2024”, así lo aseguró el presidente estatal del Partido Acción Nacional, Álvaro Cetina Puerto, ¿cómo la ve usted, amable lector?, es de risa, ver cómo todos quieren ser el bueno del cuento.
Veamos los datos “halagüeños” en Yucatán: de acuerdo con el Inegi, el 26.6 por ciento de la población del Estado, es decir, 633 mil yucatecos, aún padecen pobreza multidimensional y 3.6 por ciento de la población, 85 mil personas, vive en pobreza extrema. Además, registra que un millón siete mil habitantes, no tiene acceso a la seguridad social, el 42.3 por ciento; 619 mil personas, no tienen acceso a la salud, el 26.1 por ciento; 467 mil personas tienen rezago educativo, el 19.7 por ciento; 251 mil personas padecen carencia por calidad y espacios de la vivienda, el 10.6 por ciento; 705 mil personas no tienen acceso a los servicios básicos en la vivienda, el 29.6 por ciento y 348 mil personas no tienen acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, el 14.7 por ciento.
Finalmente se reporta que la población con ingreso inferior a las líneas de pobreza por ingresos, según entidad federativa, en Yucatán es de 760 mil personas, el 32 por ciento de la población y en relación a la población con ingreso inferior a las líneas de pobreza extrema por ingresos, es de 155 mil personas, 6.5 por ciento.
Los números absolutos que son más crudos que los porcentajes muestran claramente que a pesar de la “disminución” de la pobreza de la que se hace gran alharaca oficial, misma que no sólo se mide en ingresos, sino también por la ausencia de derechos como la educación, la salud, la seguridad social, la alimentación y la vivienda adecuada, siguen siendo inalcanzables para miles de familias yucatecas a pesar de los programas sociales que sólo funcionan como paliativos, adormecedores de consciencia, mientras el rezago estructural continúa presente.
Con estas estadísticas, ¿podemos echar las campanas a vuelo? Está claro que no, que hay muchísimo por hacer, aun considerando que los datos fueran verdaderos. Porque quienes conocemos la pobreza, vivimos en ella y convivimos con los pobres, sabemos que la situación no ha cambiado sustancialmente, al contrario, empeoró para muchos, aunque se nos quiere vender la idea de que por fin el gobierno del bienestar vino a salvarnos con sus programas sociales, que las más de las veces se otorgan selectivamente y/o se condicionan y no llegan a quienes más lo necesitan.
Puede que los panegiristas de las estadísticas sobre la “reducción” de pobreza en el país las crean, pero el pueblo pobre tiene que ponerlas en tela de juicio y dudar, dado que su vida se precariza cada vez más y debe disponerse a cambiar esta situación. Lo que se necesita no son estadísticas maquilladas que muestren un bienestar inexistente, se requieren empleos formales suficientes para todos los mexicanos en edad de trabajar y que estos sean bien pagados; que el estado haga realidad los derechos sociales que tanto presume y proporcione las obras y servicios que necesitan los pobres, así como la implementación de una política fiscal progresiva.
Que esto se cumpla depende de la acción de las grandes mayorías organizadas y politizadas para dirigir las riendas del país y del estado, mientras esto no ocurra, cada gobierno y cada partido en el poder, seguirán sintiéndose dotadores de bienestar y salvadores de los pobres, pero sin resolver lo verdaderamente importante, acabar con la pobreza; porque acabar con la pobreza, sólo puede ser obra de las clases trabajadoras, de nadie más. Pongamos manos a la obra, a organizarse, educarse y luchar.
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