El sistema atraviesa una de sus peores crisis en décadas: los hospitales públicos están saturados, la inversión pública ha sido insuficiente y la llegada de miles de migrantes ha rebasado la infraestructura disponible
A ras de suelo: salas llenas, recetas sin surtir
A las 7:10 de la mañana, en el Hospital General de Ciudad Juárez, ya no cabe un alma. Pacientes con fiebre y niños en brazos esperan en bancas improvisadas. Quien consigue consulta sale con una receta que, demasiadas veces, termina pagándose de su bolsillo. “Hay días que no nos surten nada”, resume una usuaria mientras muestra una receta con el sello “pendiente de surtir”, un testimonio que se repite y que medios locales han documentado por años ante la persistencia del desabasto en instituciones públicas.
Lo que se vive en los pasillos de los hospitales, en las farmacias sin medicamentos y en las salas de urgencias sin camas disponibles, es el reflejo de un colapso estructural que afecta a los más vulnerables.
La escena no es una excepción coyuntural. Es el síntoma visible de un sistema rebasado por una combinación de factores: crecimiento demográfico acelerado, presión adicional de la migración interna y externa, y una infraestructura hospitalaria que no ha crecido al ritmo de la demanda.
Para las familias juarenses, la situación es alarmante: deben esperar meses por una consulta, semanas por una cirugía o, en el peor de los casos, recurrir a hospitales privados cuyos costos rebasan con facilidad los ingresos familiares.
La contradicción es dolorosa: los trabajadores pagan sus cuotas al IMSS, pero cuando más necesitan el servicio se ven obligados a desembolsar miles de pesos en el sector privado. Mientras tanto, las promesas oficiales de un sistema “como el de Dinamarca” se convirtieron en un recuerdo incómodo.
La ciudad crece más rápido que sus hospitales
Ciudad Juárez, Chihuahua, es una ciudad marcada por contrastes. De día, sus maquiladoras hierven de actividad, sosteniendo buena parte de la economía del norte del país y exportando al mundo millones de productos electrónicos, textiles y automotrices.
De noche, en los barrios marginados, las familias luchan por acceder a lo más básico: un médico que atienda a sus hijos, un hospital con espacio disponible o una farmacia pública que tenga en existencia los medicamentos recetados.
Con una población estimada en 1.6 millones de habitantes en 2025, Juárez es la segunda ciudad más poblada de Chihuahua y una de las fronteras más activas del continente. Pero el crecimiento poblacional, acelerado por la migración interna y externa, no ha sido acompañado por la expansión del sistema de salud. El resultado: una crisis silenciosa que coloca a miles de familias al borde del abandono sanitario.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que un país cuente con al menos tres camas hospitalarias por cada mil habitantes. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) eleva esa cifra a 4.3 camas. Juárez apenas supera las mil camas hospitalarias en total, lo que significa que existe una cama por cada mil 600 habitantes.
Para alcanzar el estándar mínimo de la OMS, la ciudad necesitaría alrededor de 5 mil camas; si aspirara al promedio de la OCDE, requeriría más de 7 mil.
Un sistema en terapia intensiva
De acuerdo con cifras del IMSS, la ocupación hospitalaria en Ciudad Juárez supera el 90 %, lo que significa que apenas existe un margen mínimo para emergencias no previstas. Los pasillos llenos de camillas, los pacientes esperando horas para ser atendidos y las listas de espera que parecen interminables son parte del día a día.
El problema no sólo es local. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2024 cerca del 50 % de los mexicanos carecían de acceso efectivo a los servicios de salud, lo que incluye desde la falta de médicos hasta la ausencia de medicamentos.
En Juárez, donde la población supera los 1.6 millones de habitantes, la infraestructura no creció al mismo ritmo que la ciudad. Esto significa que, mientras la demanda se dispara, los hospitales siguen operando con recursos del pasado.
Familias al límite: pagar lo que no se tiene
El costo económico para las familias es devastador. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (Enigh), el gasto en salud de los hogares mexicanos representa en promedio el 5.2 % de su ingreso total, pero en ciudades fronterizas como Juárez ese porcentaje puede duplicarse cuando se recurre a hospitales privados.
Ejemplos concretos en hospitales privados de Juárez: parto natural: entre 25 mil y 40 mil pesos; cesárea: hasta 60 mil pesos; cirugía de apendicitis: 50 mil a 70 mil pesos; hospitalización diaria: 5 mil a 8 mil pesos.
El ingreso promedio mensual de una familia juarense es de apenas 12 mil pesos según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. El desequilibrio es evidente: una sola emergencia médica puede endeudar a un hogar por años.
La incongruencia es doble: los trabajadores continúan pagando cuotas al IMSS, pero en la práctica no logran acceder a sus servicios cuando más lo necesitan.
Los hospitales que existen y los que hacen falta
En Ciudad Juárez funcionan once hospitales principales, entre públicos y privados. En el sector público destacan: el Hospital General Regional número 2 del IMSS, inaugurado en 2024 con 260 camas; el HGR número 66 del IMSS, con alrededor de 250 camas; el HGZ número 35, también del IMSS; el Hospital General de Juárez, dependiente de la Secretaría de Salud estatal; el Hospital de la Mujer y el Hospital General del Issste.
En el sector privado, operan instituciones como Hospital Ángeles, Star Médica, el Centro Médico de Especialidades, Poliplaza Médica y el Femap.
Si bien la presencia de hospitales privados representa una opción, en realidad sólo es accesible para una minoría. Las tarifas por consulta, internamiento o cirugías superan con facilidad el ingreso mensual de la mayoría de los juarenses.
Según datos del Inegi, más del 40 % de la población en Juárez vive con ingresos de entre uno y dos salarios mínimos, es decir, menos de 9 mil pesos mensuales. Un parto en un hospital privado puede costar más de 30 mil pesos; una cirugía de apéndice, entre 50 mil y 80 mil. Para la mayoría, esas cifras son impensables.
Migración: un factor que multiplica la presión
A la población local se suma la presión migratoria. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que entre 2023 y 2024 pasaron por Ciudad Juárez más de 100 mil migrantes internacionales, provenientes principalmente de Venezuela, Haití, Honduras, Guatemala y Cuba. Muchos permanecen en la ciudad durante semanas o meses, en espera de cruzar legal o ilegalmente a Estados Unidos.
En momentos críticos, los albergues han hospedado hasta 20 mil personas al mismo tiempo. De ellas, un porcentaje importante requiere atención médica: mujeres embarazadas, niños con enfermedades respiratorias, personas con padecimientos crónicos o víctimas de violencia.
A esta presión se añade la migración interna. Miles de familias llegan cada año desde Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y del mismo Chihuahua para emplearse en maquiladoras. Esa población se instala de manera permanente y demanda acceso regular a servicios de salud.
La frontera, entonces, funciona como una olla de presión. La capacidad hospitalaria es insuficiente para los residentes, y mucho menos para una población flotante de miles de migrantes.
Voces desde la crisis sanitaria
Las historias personales multiplican el eco de una tragedia que no distingue edad, género o condición social.
Para Manuel Rodríguez, migrante venezolano de 33 años, cuenta lo que vivió en un albergue improvisado cerca del puente Santa Fe: “Mi hijo se enfermó de diarrea y fiebre. Lo llevamos al hospital y estuvimos más de ocho horas esperando. Nos dijeron que no había camas y que sólo podían darle suero. Somos migrantes, no tenemos dinero para una clínica privada. Fue un suplicio”.
En el caso de Doña Carmen Jiménez, jubilada de 72 años que depende del Issste, relata entre resignación y enojo: “Antes tenía consultas cada mes para mi presión, ahora me las dan cada tres meses. Y cuando llego, me cambian la medicina porque no hay. A mi edad no debería preocuparme por eso, pero el sistema ya no funciona”.
Estos relatos no son casos aislados. Representan la realidad de cientos de familias juarenses que enfrentan a diario un sistema de salud que parece haber perdido su razón de ser: garantizar el derecho a la atención médica.
Lo que se vive en los pasillos de los hospitales, en las farmacias sin medicamentos y en las salas de urgencias sin camas disponibles, es el reflejo de un colapso estructural que afecta a los más vulnerables.
Cada testimonio es un recordatorio de cómo el discurso oficial de que “la salud es un derecho” choca con la práctica de largas esperas, compras forzadas en farmacias privadas y gastos que desangran a los hogares. En Juárez, enfermarse se ha convertido en un lujo que pocos pueden costear, y sobrevivir a una emergencia depende, más que del apoyo institucional, de la capacidad de endeudamiento de las familias.
El desabasto que desespera
El desabasto de medicamentos es otra de las aristas críticas de la crisis sanitaria en México y Ciudad Juárez. La Federación Farmacéutica Mexicana reportó que en 2023 se dejaron de surtir más de 20 millones de recetas en todo el país, un fenómeno que refleja fallas profundas en la logística, la distribución y la planeación de insumos médicos.
En Chihuahua, los hospitales públicos enfrentan constantemente la falta de antibióticos, analgésicos y medicinas esenciales para tratar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y asma, obligando a pacientes a comprar fuera lo que debería proporcionarse gratuitamente.
El impacto económico sobre las familias es enorme. Según la OCDE, en México el 40 % del gasto en salud proviene directamente del bolsillo de los hogares, cuando el promedio internacional se ubica en alrededor del 20 %. Para una familia juarense con un ingreso mensual de 9 mil pesos, destinar 1 mil 500 pesos sólo a medicamentos implica renunciar a necesidades básicas como alimentos, transporte o incluso vivienda.
Este escenario convierte la enfermedad en un riesgo doble: no sólo por la salud física, sino por la capacidad de la familia de mantenerse económicamente.
El desabasto constante, sumado a la saturación hospitalaria y la insuficiencia de personal, convierte al sistema de salud en un laberinto desesperante, donde quienes más dependen de él son también quienes más sufren las consecuencias.
La población enfrenta un dilema cruel: esperar en largas filas por atención pública que no llega, o endeudarse en el sector privado para no poner en riesgo su vida o la de sus seres queridos.
La promesa danesa que nunca llegó
Durante su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que México contaría con un sistema de salud “como el de Dinamarca”, insistiendo en que “la salud no es un lujo, sino un derecho de todos los mexicanos”. Sin embargo, la realidad en Ciudad Juárez y en el país entero demuestra que esa promesa quedó lejos de cumplirse.
Dinamarca invierte más de 5 mil dólares por persona al año en salud, asegurando cobertura universal, atención inmediata y una red hospitalaria moderna y bien equipada. México, en contraste, destina apenas 600 dólares por persona, reflejando la insuficiencia crónica de recursos para atender a la población.
La OMS recomienda un mínimo del 6 % del PIB para garantizar un sistema de salud funcional; México apenas alcanza el 2.8 %, la cifra más baja entre los países de la OCDE, cuyo promedio es de 8.8 %.
Mientras en Dinamarca los pacientes reciben atención rápida y medicamentos garantizados, en Ciudad Juárez los juarenses deben enfrentar largas esperas, filas interminables y la obligación de comprar medicinas por su cuenta.
La promesa de AMLO de un sistema moderno, gratuito y universal se convirtió en un discurso que contrasta dolorosamente con la realidad: enfermarse en México implica no sólo un riesgo para la salud, sino también un golpe económico y social para las familias.
El oportunismo político: Andrea Chávez
La crisis de salud también ha sido terreno de oportunismo político. La senadora morenista Andrea Chávez fue señalada por organizar brigadas médicas con fines de proselitismo anticonstitucional.
De acuerdo con denuncias de organizaciones civiles, Chávez entregaba medicamentos y ofrecía consultas médicas en eventos donde su imagen y su nombre estaban presentes de manera protagónica. Todo mientras los hospitales públicos carecían de insumos básicos.
La indignación fue inmediata: mientras la población sufre la falta de medicamentos en hospitales, una senadora utiliza la necesidad de la gente como trampolín electoral.
Una prioridad desplazada
El colapso sanitario no es exclusivo de Juárez. Es un espejo de lo que ocurre en todo México. Sin embargo, en lugar de atender de raíz la crisis de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum ha centrado parte de su discurso en otros temas, como la promoción del “chocolate y café del bienestar”.
Aunque la diversificación productiva es positiva, resulta inconcebible que mientras hospitales cierran quirófanos por falta de anestesia, el gobierno federal hable con orgullo de programas secundarios. El contraste exhibe la desconexión entre la realidad y las prioridades oficiales.
Un derecho convertido en lujo
Ciudad Juárez se ha convertido en un espejo de la crisis nacional del sistema de salud en México. En esta frontera, miles de familias enfrentan un sistema colapsado que las obliga a gastar lo que no tienen, a esperar meses por una cita médica o, en muchos casos, a resignarse a no recibir atención alguna. Lo que debería ser un derecho constitucional se ha transformado en un lujo inaccesible para quienes más lo necesitan.
El discurso de que “la salud no es un lujo, sino un derecho” choca con la realidad de pasillos llenos, camas insuficientes y farmacias vacías. Mientras no exista una inversión pública sostenida, un plan estratégico para modernizar hospitales y garantizar la distribución de medicamentos, este derecho seguirá siendo sólo una promesa incumplida.
Los datos son elocuentes: México destina apenas el 2.8 % del PIB a salud, la cifra más baja de la OCDE, con un promedio de 1.5 camas por cada mil habitantes en todo el país y apenas 0.8 camas por cada mil habitantes en Ciudad Juárez.
La nueva administración morenista enfrenta retos enormes y urgentes: aumentar la inversión pública en salud hasta niveles comparables con la OCDE, garantizar la disponibilidad de medicamentos y suministros en todos los hospitales, ampliar la infraestructura hospitalaria para atender la demanda de una población creciente y migrante, y asegurar que las políticas públicas prioricen la vida y la atención efectiva por encima de la retórica política o los programas secundarios.
Asimismo, deberá combatir prácticas oportunistas de proselitismo dentro del sector salud y generar confianza en la población de que su derecho a la atención médica será respetado.
Juárez, con su crecimiento demográfico acelerado y su papel fundamental en la economía nacional, merece mucho más que discursos: necesita hospitales suficientes, médicos capacitados, medicamentos accesibles y un sistema que realmente proteja la salud de la población.
Lo que ocurre en esta frontera no es un problema aislado: es un reflejo de un país que debe transformar su sistema sanitario si realmente quiere garantizar derechos y no sólo mantener promesas vacías. Sin salud, no hay futuro posible, y mientras se postergue la acción, la agonía continuará tocando las puertas de los hogares más vulnerables.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario