La explosión de la pipa en Iztapalapa no es un simple accidente, sino el resultado de un sistema que prioriza el beneficio económico sobre la vida humana. Esta tragedia, que ha cobrado la vida de 21 personas y ha dejado más de 90 heridos, debe servir como un llamado urgente a la unidad y a la acción organizada del pueblo mexicano.
La negligencia empresarial y la complicidad estatal son evidentes. La empresa responsable, Gas Silza, filial del Grupo Tomza, arrastraba un historial de irregularidades que incluye multas por 52 millones de pesos en 2013 por válvulas caducadas y unidades no registradas.
México invierte cantidades insuficientes en mantenimiento vial mientras permite que el 70 % de las cargas peligrosas circulen por zonas urbanas; esto no es simple descuido, sino una política deliberada de abandono.
Además, carecía de pólizas vigentes de responsabilidad civil ambiental. Resulta incomprensible que se permita operar a una empresa con semejante historial de incumplimientos. Si bien la fiscalía señala que el conductor excedía la velocidad, esto es apenas un eslabón en una cadena de negligencia que incluye carreteras deterioradas, rutas peligrosas no delimitadas y transporte de materiales peligrosos sin supervisión estricta.
El estado de la infraestructura vial en nuestro país es una vergüenza nacional. El distribuidor “La Concordia”, diseñado en 2007, ya era obsoleto para el tráfico actual. Vecinos de la zona habían reportado recurrentemente baches y desniveles, pero el gobierno desestimó estas advertencias en su peritaje.
México invierte cantidades insuficientes en mantenimiento vial mientras permite que el 70 % de las cargas peligrosas circulen por zonas urbanas; esto no es simple descuido, sino una política deliberada de abandono que sacrifica a los más vulnerables, como a los obreros, estudiantes y comerciantes que transitan diariamente.
Las víctimas de esta tragedia representan al México trabajador que sostiene al país. Los mexicanos trabajamos hasta 56 horas semanales, según el Inegi, pero el Estado no retorna ese esfuerzo en infraestructura digna ni en servicios de calidad.
Doña Alicia Matías, la abuela que murió protegiendo a su nieta, y Fernando Soto, el conductor que posiblemente enfrentaba presiones laborales, son símbolos de esta injusticia sistémica. Mientras tanto, la empresa ofrece “colaborar” y el gobierno anuncia apoyos de 50 mil pesos para familiares de fallecidos, limosnas que no reparan el daño de fondo ni cambian las condiciones que generan estas tragedias.
Esta situación debe convertirse en un punto de inflexión. Necesitamos auditorías reales a todas las transportistas de materiales peligrosos, con sanciones ejemplares y cancelación definitiva de permisos por irregularidades.
Exigimos inversión prioritaria en infraestructura segura, reasignando el presupuesto de obras faraónicas hacia el mantenimiento vial y la creación de corredores exclusivos para el transporte de materiales peligrosos; pero, sobre todo, necesitamos que el pueblo organizado ejerza control sobre estas regulaciones, a través de comisiones vecinales con poder de supervisión real.
Iztapalapa no es sólo una tragedia, es una llamada de atención que debe unirnos en la lucha por transformar un sistema que mercantiliza la vida. El dolor de las víctimas y sus familias no puede quedar en el olvido. Convertimos nuestro enojo en organización, nuestra tristeza en fuerza colectiva.
La liberación del pueblo llegará cuando tomemos en nuestras manos la construcción de un país donde circular por una calle no sea jugar a la ruleta rusa, donde el trabajo digno se acompañe de infraestructura digna y donde la vida valga más que el lucro de unos cuantos.
El Movimiento Antorchista lleva décadas demandando pavimentación, drenaje y seguridad; hoy reiteramos nuestro compromiso con la lucha organizada. Invitamos a todos los mexicanos a alzar la voz y exigir juntos carreteras seguras, empleos dignos y vivienda. El cambio no vendrá desde arriba: se construye con la organización y la lucha incansable del pueblo.
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