El Registro Único de Vivienda reporta una caída del 58 % en la producción nacional durante la última década
Las estadísticas, frías y contundentes, a menudo esconden dramas humanos. Cuando los datos del Registro Único de Vivienda (RUV) revelan que la construcción formal de casas en México se ha desplomado más del 58 % en una década, no estamos ante un simple gráfico a la baja; estamos frente al fracaso silencioso de una promesa fundamental: el derecho a una vivienda digna.
La vivienda es el primer espacio de dignidad; el núcleo desde el que se construye comunidad y ciudadanía.
De las 301 mil 886 viviendas formales levantadas en 2015, hemos caído a un escuálido promedio que apenas superó las 125 mil unidades en 2025. Este prolongado estancamiento, lejos de ser un ciclo económico más, es una herida abierta en el tejido social y una bomba de tiempo urbana.
La magnitud del contraste es la primera señal de alarma: Mientras el sector formal se atrofia, produciendo apenas lo suficiente para cubrir una fracción mínima de la demanda, se estima que en la informalidad se construye alrededor de un millón de viviendas al año. Es decir, por cada casa edificada con permisos, normas y servicios garantizados, surgen ocho en la sombra.
Este no es un dato menor; es la prueba irrefutable de que el Estado y el mercado formal han abdicado de su responsabilidad, dejando a millones de familias sin más opción que la autogestión de su techo, con todos los riesgos que ello conlleva.
El caso de Durango es un microcosmos de la tragedia nacional. Con un déficit estimado de 80 mil viviendas, su producción formal no alcanza las mil 300 anuales.
La matemática es simple y despiadada: Al ritmo actual, se necesitarían más de 60 años para cubrir sólo el rezago existente, sin contar el crecimiento poblacional futuro.
Como señalan diversas organizaciones sociales, esto no es negligencia administrativa, es "un abandono histórico". El sector más castigado es el de la vivienda de interés social, el destinado a las familias de menores ingresos, cuya construcción se ha reducido hasta en un 60 %.
La política pública ha dado la espalda a quienes más la necesitan, profundizando la inequidad y la exclusión.
Las consecuencias de este doble fenómeno —colapso formal y auge informal— son profundas y multifacéticas. En lo inmediato, se agudiza la crisis de acceso: la oferta formal menguante encarece los precios de las viviendas disponibles y dispara los costos de renta, expulsando a las familias trabajadoras hacia las periferias urbanas.
En el mediano plazo, la informalidad masiva genera un desarrollo urbano caótico: Ciudades que crecen sin planeación, con colonias enteras carentes de infraestructura básica, de espacios públicos y de certeza jurídica sobre el suelo.
Son asentamientos condenados a una eterna lucha por conseguir agua, drenaje, alumbrado, escuelas y clínicas, sobrecargando las ya débiles finanzas de los municipios.
Esta crisis exige un cambio de paradigma radical. No basta con pequeños ajustes regulatorios o tímidos estímulos fiscales. Se necesita una intervención decidida, directa y masiva, que entienda la vivienda no como un producto financiero, sino como un derecho social y un pilar del desarrollo.
Un plan nacional de emergencia habitacional debe articular a los tres órdenes de gobierno, movilizar suelo urbano bien ubicado e inyectar recursos en programas de construcción pública de vivienda digna y de créditos blandos, subsidiados y a largo plazo, para los sectores populares.
La alternativa es la perpetuación de un México fracturado. Por un lado, islas de desarrollo formal; por el otro, un vasto archipiélago de precariedad donde millones malviven en condiciones de hacinamiento e inseguridad.
La vivienda es el primer espacio de dignidad, el núcleo desde el que se construye comunidad y ciudadanía. Su colapso es, en esencia, el colapso de un proyecto de país más justo y cohesionado.
Las cifras del RUV son el diagnóstico de una enfermedad grave; ignorarlas o minimizarlas no hará más que agravar el pronóstico.
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