La iniciativa de desaparecer el Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (Ogaipo), según se lee en el documento entregado a la 66 Legislatura del Congreso del Estado, es “con el objetivo de armonizar la Constitución Política local, con las reformas constitucionales aprobadas en el Congreso de la Unión y con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”.
No sabemos qué dependencia ni quiénes asumirán las funciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales para los sujetos obligados.
Dicha iniciativa fue enviada por el mandatario estatal, el morenista Salomón Jara, tras asegurar que “los funcionarios del Ogaipo mantenían un manejo hermético de la información que generaban y prueba de ello, es que de un total de 67 mil 943 solicitudes de acceso a la información, durante el sexenio 2016-2022, sólo se contestaron 34 mil 215 y se iniciaron un total de 4 mil 611 recursos de revisión, de los cuales, los sujetos obligados ejecutaron 2 mil 876 resoluciones”.
El documento “afirma” que se trata de “crear un nuevo modelo y sistema para facilitar el ejercicio de los importantes derechos que permiten una rendición de cuentas claras y precisas para la ciudadanía por parte de todos los entes públicos del estado de Oaxaca”.
Por ello, la propuesta establece que “…se deberá eliminar a los organismos, unidades administrativas o estructuras que presenten duplicidad de funciones, así como la integración de unidades administrativas en las dependencias de la administración pública centralizada, que asuman la competencia en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales”.
Sin embargo, hay inconsistencias que, a los oaxaqueños, nos deben poner alertas pues, en principio, la iniciativa de ley que fue aprobada no establece con precisión cuál será la dependencia, cómo se va a llamar, dónde va a tener su domicilio, quiénes la van a representar, cuántos serán los ciudadanos y ciudadanas que se van a encargar de ello, cómo se van a elegir. Es decir, no sabemos qué dependencia ni quiénes asumirán las funciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales para los sujetos que están obligados, que es toda la estructura del gobierno, hasta los municipios.
En segundo lugar, llama la atención que, pese a la importancia del trabajo que fungía dicho organismo, en tan sólo siete días los diputados de la 66 Legislatura del Congreso del Estado “estudiaron” y dieron palomazo de aprobación a la desaparición del Ogaipo, propuesta del gobernador Salomón Jara Cruz. Esto, más que una decisión meditada, suena —o parece— que se debía más a que, desde el punto de vista legal, tenían que hacerlo para “armonizar” el marco normativo vigente en esta materia, en cumplimiento a la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2024, “mediante la cual se determinó la extinción de organismos garantes de la transparencia”, para ponerse a tono con el gobierno federal.
Pero, según yo, lo criticable de esto —aunque no es ninguna novedad por lo que está ocurriendo con el gobierno federal— es qué pusieron en lugar de ese organismo que acaban de desaparecer. Según los diputados, habrá “un nuevo modelo y un ahorro presupuestal a favor de la Hacienda Pública”; sin embargo, en los hechos no se ve ese nuevo “modelo claro”.
Lo que sí es cierto es que, con ello, se van a “ahorrar” dinero que, por la experiencia de las acciones del gobierno federal, no creo que sea para las obras que necesita el pueblo de Oaxaca.
Dicen los medios que la sesión extraordinaria apenas duró trece minutos y, en ese tiempo, los legisladores de Morena y sus satélites determinaron desaparecer de un plumazo al Ogaipo, institución nacida apenas en abril de 2021.
La pregunta que salta es ¿Entonces ahora el gobierno se va a controlar a sí mismo? Pues todo apunta a que así será, porque el gobernador, en su documento, dejó planteado que los órganos de contraloría de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y de los órganos autónomos serán ahora los responsables de implementar los procedimientos que garanticen dichos derechos, sin requerir “organismos intermedios”.
Para tal fin se integrarán unidades administrativas en las dependencias de la Administración Pública Estatal que asuman la competencia en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
Y que el dinero del organismo desaparecido, Ogaipo, una vez concluida su extinción, será transferido a la Secretaría de Finanzas (Sefin) y esta, a su vez, lo transferirá a la entidad o dependencia que asuma las funciones. Pero lo cierto es que aquí no hay nada de transparente para los ciudadanos; quizá sólo para quienes van a manejar el dinero, ¡pero para los ciudadanos no!
Por si fuera poco, para el gobernador y los diputados, las personas que se van a quedar sin trabajo verán —según dijeron— respetados sus derechos laborales de servidores públicos en su totalidad, en los términos de la legislación aplicable, así como conforme a las modalidades laborales a las que estén sujetos con el Órgano Garante.
Ante esta situación, han salido a alzar la voz algunos analistas que critican y refutan que estos organismos, al ser independientes, jugaban un papel fundamental al evitar la concentración de poder y contribuían a garantizar una toma de decisiones gubernamentales de manera imparcial, basada en información y criterios técnicos. Además, dicen que su eliminación comprometería la rendición de cuentas, fomentando un entorno propicio para la corrupción y el abuso de poder.
Los ciudadanos de a pie —los campesinos, las amas de casa, los obreros, la gran mayoría de los trabajadores— quizá no conocían ni la existencia de este tipo de organismos y, por ello, tal vez aplaudirían su desaparición. Sin embargo, de ello no se deduce que no sirvieran para obligar al gobierno a entregar la información a los ciudadanos. Lo que debieron hacer el gobierno federal y el estatal —como con otros organismos autónomos— fue darles vida verdadera a estos organismos, no desaparecerlos.
Coincido con quienes dicen que las últimas reformas en esta materia a nivel federal indican que, sin organismos como el INAI, Cofece y Coneval, México perdería herramientas clave para evaluar de manera objetiva las políticas sociales, garantizar una competencia justa y proteger derechos fundamentales como el acceso a la información, afectando especialmente a las poblaciones más vulnerables.
Pero lo decía al principio y lo digo ahora: la situación política de nuestro país solamente va a tender a agravarse con la llamada cuarta transformación. Los métodos coercitivos para someter al pueblo serán más directos y estas reformas no son otra cosa que el reformismo en su máxima expresión, engañando al pueblo con que, con reformas, va a cambiar la situación de pobreza de las grandes mayorías.
Lo que realmente está ocurriendo es que nos están engañando para empoderar más a los poderosos económicamente, que tienen al pueblo de México en esta situación.
No hay otro camino más que mantenernos unidos y preparándonos para cuando la crisis se agudice, porque también de ella se abrirá camino para poder formar un nuevo país más justo y próspero para todos; por eso no debemos desmayar en la tarea de organizarnos y politizarnos.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario