Dos reformas hechas por congresos estatales, el de Baja California y Tabasco, han encendido las alertas en el pueblo de México y no sin razón, el contenido de estas leyes ataca frontalmente los cimientos democráticos del país y pone de manifiesto las ansias de dominio eterno y absoluto al que aspira el régimen morenista.
La primera, la reforma a la Constitución Política de Baja California con la intención de extender el mandato del gobernador electo, el neomorenista Alejandro Bonilla, que fue elegido solo por 2 años pero que aumentará a 5. La propuesta fue hecha por Morena y cuenta con el respaldo de los diputados locales de todos los partidos políticos, con algunas excepciones, y de la mayoría de los ayuntamientos. Este hecho es lo que algún columnista llamó: "un atraco a la democracia", pues es ilógico desde todo ángulo, es como si en un torneo de cualquier deporte, en el que previamente se han establecido las reglas y el premio para el futuro campeón, una vez alcanzada la victoria por alguno de los equipos, éste exija más de lo pactado y los organizadores se lo concedieran, los equipos perdedores y la afición tendrían todo el derecho de protestar y de acusar de mala fe a los organizadores. El mayor peligro es tanto en el caso del hipotético torneo como en el del gobernador electo, que de consumarse el acto, sentaría un negativo precedente para todos los que en el futuro decidieran competir en un torneo, o como aquí, para algún cargo de elección popular.
Muchos actores políticos han manifestado su repudio y expresado sus deseos de llevar el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, usando los mecanismos de control constitucional previstos para cuando es claro que el orden democrático del país está en riesgo. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, uno de los facultados como titular del poder ejecutivo para hacer uso de alguno de esos mecanismos, ha optado por deslindarse e insinuado que no actuará, esto es entendido por muchos incluyendo al que redacta, como una autorización tácita, pues aunque él ha dejado claro sus deseos de no intentar reelegirse, ¿no podrá conseguir que el Congreso Federal, usando este precedente, le amplié su mandato? Es pregunta.
La otra sospechosa modificación legal es la reforma al Código Penal de Tabasco, para poder imponer sanciones de hasta 13 años de prisión a quien proteste, o como reza el texto "a quien extorsione, coercione o intente imponer cuotas e impida totalmente o parcialmente el libre tránsito para la ejecución de trabajos", es sin rodeos una criminalización de la protesta pública, el sueño dorado de todo gobierno reaccionario y autoritario. Nótese como los adjetivos que fueron utilizados, son los mismos que usa el presidente cuando habla del móvil de las manifestaciones ciudadanas, indistintamente del número, inclinación ideológica o petición concreta de los inconformes, a todos los ha agrupado dentro del mismo saco de "chantajistas" y a todos ha amenazado con no atender sus demandas, pues dice (con una sonrisa malévola en la cara) que "los tiempos en los que se tomaban calles para obligar al gobierno a negociar, ya se acabaron". Si bien el gobernador tabasqueño y los diputados morenistas que la promovieron han argumentado que se trata de una reforma que pretende que grupos opositores desistan de su intención de impedir la construcción de la refinería de Dos Bocas, tomando sus instalaciones, lo cierto es que ningún grupo, hasta ahora, ha expresado sus deseos de hacerlo. Esto es tan solo el pretexto ideal para realizar su cometido.

Organizarse y manifestarse libremente, son derechos conquistados por el pueblo mexicano a sangre y fuego, los constituyentes de 1917 los incluyeron en el texto de la Carta Magna, sabedores de que lo único que podía salvar al pueblo del surgimiento de otro Porfiriato, era la posibilidad de poder agruparse, discutir e intercambiar ideas y salir en masa a mostrar su inconformidad cuando sus necesidades no fueran atendidas o cuando sus gobernantes cayeran en la tentación de actuar como reyezuelos, mancillando y pisoteando sus derechos elementales. ¿Es esta tentación la que motiva a los morenistas tabasqueños? Otra pregunta.
Tanto la extensión de mandato como la "Ley Garrote" han recibido el respaldo de algunas de las máximas autoridades de Morena y el presidente ha hecho insinuaciones claras de estar de acuerdo con ellas, por lo que es creíble la previsión de que tanto Baja California como Tabasco son incubadoras para medir la reacción popular ante dos deseos profundos del partido en el poder: gobernar el tiempo que quiera y conseguir librarse de toda oposición o contrapeso; para después replicarse a nivel nacional.
La democracia mexicana está en grave riesgo, los derechos que obtuvo el pueblo tras muchos años de lucha no pueden ser violados, sin que ese mismo pueblo se oponga con toda firmeza y decisión. Es precisa la cohesión de todos los mexicanos maltratados e ignorados por este régimen con aspiraciones autocráticas, alrededor de una fuerza social que verdaderamente reivindique los intereses de las clases trabajadores y pobres, que son las que siempre pagan los platos rotos. No hay en el panorama actual del país, ninguna otra fuerza política con el número de agremiados, la estructura necesaria y la firmeza ideológica requerida para hacer frente a estas arbitrariedades, que no sea el Movimiento Antorchista Nacional.
Por lo pronto, más de 500 mil mexicanos organizados libremente realizaremos 6 concentraciones masivas a lo largo del territorio nacional, iniciando el 11 de agosto en San Luis Potosí. Serán para festejar los 45 años de existencia del movimiento y para defender el derecho del pueblo mexicano a organizarse y luchar por lo que por derecho es suyo. ¡Están todos cordialmente invitados!
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