En el artículo cuarto de la ley general de la república está establecido: “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa” y “la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
La ley establece los instrumentos y apoyos necesarios para que el Estado garantice este derecho fundamental, promoviendo el bienestar de las familias.
La Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917 por el presidente Venustiano Carranza; la sede fue el Teatro de la república, en Querétaro de ese entonces.
La inmensa mayoría de ciudadanos no tiene un lugar donde vivir; en particular, en el municipio de Vicente Guerrero, en Durango.
Esto fue gracias a la Revolución mexicana, donde participaron y dieron su vida muchos mexicanos por exigir mejores condiciones de vida.
Pero aquí la pregunta: ¿Qué ganó el pueblo con que hicieran ese documento?, ¿le han cumplido con la vivienda?, ¿tiene mejores condiciones de vida? Nada de eso ha sucedido; solo fue un engaño más para el pueblo pobre de este país, fue un plan para que el pueblo dejara de luchar, que dejara de exigir su derecho.
¿Y quién ganó? Otra vez los poderosos, porque ellos son los que se sirven del poder como se les antoje, y al pueblo no le resuelven nada porque todo el recurso es para repartirse entre los poderosos.
Es un engaño más para el pueblo; todo fue un plan para desarmar al pueblo: lo desarmaron diciéndole que le van a resolver sus problemas.
Ahora bien, de acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). En 2020, el municipio de Vicente Guerrero, en Durango, presentó un grado de marginación “muy alto”.
Estos datos refieren al índice de marginación general, y la consulta de informes de la Conavi o el Inegi proporciona detalles sobre las carencias específicas en vivienda, como acceso a agua, drenaje y otros servicios básicos, e indican la prevalencia de viviendas con piso de tierra o materiales de desecho.
Y bien, el problema sigue: la inmensa mayoría de ciudadanos no tiene un lugar donde vivir; en particular, en el municipio de Vicente Guerrero, en Durango, las familias de muy bajos recursos ni para la renta alcanzan, porque cuesta más de 2 mil 500.
El municipio tiene una población cerca de 26 mil habitantes y la mitad no tiene acceso a una vivienda digna. La situación es muy crítica: los gobiernos hablan de que “primero los pobres” y la actual mandataria dice que va a construir vivienda del bienestar.
Y no estoy hablando de que si las va a hacer o no; el asunto no es ese. Más bien, no resuelve el problema, porque esas viviendas son muy pocas: son alrededor de 160 viviendas habitacionales y la necesidad es mucha. Además, la gente que trabaja al día para sobrevivir no va a alcanzar a pagar tal vivienda, que va a costar carísimo.
En el Movimiento Antorchista invitamos a la gente más desprotegida para que se organice y luche por mejorar las condiciones de vida, y no nada más para obtener vivienda, sino para que, juntos y organizados, exijamos a los gobiernos que resuelvan las demandas prioritarias.
Que la gente tenga empleo seguro, atención médica gratuita, educación de calidad para que estudien sus hijos, programas de vivienda y que la gente viva sin miedo de salir a trabajar. Es decir, aplicar la ley general del artículo cuarto de la Constitución.
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