Las políticas sociales de los gobiernos mexicanos debieran enfocarse en promover el progreso social de sus habitantes, en todos los terrenos, y, en primer momento, garantizar las condiciones materiales para vivir de manera digna, asegurando el acceso a los servicios básicos indispensables. Durante el pasado periodo electoral escuchamos un sinfín de discursos que analizaban las causas de los problemas del país y las acciones para resolverlos; fundamentalmente, se comprometían a destinar recursos económicos para ir aminorando dichos problemas.
Pasada la efervescencia electoral y ya instalados los ganadores en sus respectivos puestos públicos, la realidad empezó a mostrarse. El 15 de noviembre se entregó al congreso de la Unión el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025. A partir de dicha entrega, los gobiernos estatales y municipales también comenzaron a proyectar sus ingresos y distribuirlos según sus prioridades.
En los hechos, donde tienen su juez inflexible los funcionarios públicos, comprobamos que una cosa fue el discurso de campaña y otra muy distinta las acciones para atender las múltiples carencias nacionales. Veamos la distribución del PEF 2025 en comparación con el PEF 2024: una reducción del 34 por ciento a la Secretaría de Salud; 1.5 por ciento menos a educación; un recorte del 12.7 por ciento a la inversión en infraestructura, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y una disminución del 20.9 por ciento para Energía.
Asimismo, mucho se dijo durante la campaña sobre la llamada “República Rural Justa y Soberana” y el impulso a la soberanía alimentaria, pero a la hora de revisar la asignación presupuestal, nos encontramos con la sorpresa de que su monto continúa a la baja en los gobiernos morenistas; dejando a pequeños y medianos productores en la incertidumbre.
¿Cuáles son entonces sus prioridades? Los programas sociales de transferencias monetarias tienen un incremento del cuatro por ciento, alcanzando un total de 580 mil millones de pesos; esto equivale el seis punto dos por ciento del presupuesto total. Vale la pena recordar, aunque duela e incomode, que se continúa con el modelo asistencialista en México. Las transferencias monetarias se han convertido en un “alivio de la pobreza”, pero no la erradican; lo único que logran es comprar votos para el momento necesario.
Mientras tanto, millones de mexicanos, día con día, carecen de lo indispensable para poder desarrollarse; no cuentan con las condiciones materiales básicas para poder vivir dignamente. 12 millones no tienen acceso a agua potable y el 48 por ciento de la población no la recibe de manera regular. 14 millones de familias no cuentan con una vivienda; 50.4 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud; 6.4 millones de niños, niñas y jóvenes de entre tres y dieciocho años no asisten a la escuela. Además 46 millones de habitantes padecen pobreza energética.
En una evaluación del transporte público en 31 de 32 capitales mexicanas, reprueba el servicio; el 74 por ciento de la población nacional se siente insegura; el 88 por ciento de localidades no tienen drenaje ni alcantarillado; el 60 por ciento de la población considera que es insuficiente el alumbrado público; en las zonas urbanas del país, más del 25 por ciento de calles y avenidas están sin pavimentar. Por último, el 40 por ciento de localidades del país tienen un grado muy bajo de acceso a carreteras pavimentadas. Estas son, en suma, las condiciones en las que viven millones de mexicanos.
Conocimiento esta realidad, y si los gobernantes actuaran de manera racional, el presupuesto tendría que estar dirigido a combatir seriamente todas las carencias que se mencionaron, no hay más; solo creando una base sólida podremos aspirar a un desarrollo sostenido que supere nuestra situación paupérrima; sin embargo, como vemos, las prioridades del gobierno se reflejan exclusivamente en los rubros a los que asigna recursos. Todo lo demás queda en la demagogia de la más vil. Vemos que la dinámica que opera a nivel nacional se reproduce, salvo honrosas excepciones, a nivel estatal y en los municipios de todo el país.
Si queremos acabar con la pobreza en nuestro país, debemos transformar las condiciones materiales en las que viven millones de mexicanos; se debe dar un golpe de timón y redistribuir el gasto social para cubrir lo indispensable y garantizar una vida digna, que la gente tenga acceso a los servicios básicos: agua, luz, drenaje, electricidad, salud y pavimento.
Pero esto solo será posible si quienes hemos sido afectados por la injusta distribución del presupuesto nos ponemos manos a la obra, si nos reconocemos, nos organizamos y luchamos de manera unificada por el verdadero desarrollo social que tanto anhelamos. Necesitamos dejar de ser espectadores ante la repartición discrecional del dinero público; necesitamos alzar la voz y exigir que se destine a lo urgente en este país. Hay naciones, como China, que han logrado tal hazaña; sus logros deben servirnos de impulso y que recordemos que lo que planteamos es posible alcanzar también en nuestra en la patria.
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