Entre los mexicanos se fue permeando la idea de que un cambio de color en el poder sería más que suficiente para mejorar la vida de quienes vivimos en esta patria. Esa esperanza, sumada a las promesas hechas ante miles de ciudadanos, aseguraba que habría una nueva forma de vivir si el color guinda llegaba a la Presidencia de la república: más seguridad, menos corrupción, un sistema de salud de primer mundo, mejor educación y más oportunidades para jóvenes y adultos mayores.
La esperanza de una transformación se volvió decepción cuando los cambios prometidos beneficiaron al poder y no al pueblo.
Se anunció una mayor participación del pueblo, porque para este gobierno sí serían “primero los pobres”. Así llegó al poder la 4T, prometiendo estos y muchos otros cambios. Y sí llegaron, pero no precisamente en favor del pueblo: se eliminaron 109 fideicomisos, dejando sin respaldo a la ciencia y la tecnología; desapareció el Fonden, abandonando a la población ante desastres naturales. Los tabasqueños sufrieron una inundación que duró más de un mes, y los acapulqueños el devastador huracán Otis.
También se eliminó el Ramo 23, que destinaba recursos a obras públicas como hospitales, carreteras y escuelas. Ahora, muchas carreteras están destruidas, llenas de baches y grietas; las calles urbanas están en las mismas condiciones, y escuelas y hospitales carecen de mantenimiento. Se eliminaron las guarderías infantiles, el programa de Escuelas de Tiempo Completo, y aunque hubo muchos cambios, como prometieron, no fueron en beneficio del pueblo.
La 4T inició su transformación a pasos agigantados, pero sin aclarar nunca hacia dónde se dirigía. Lo único claro es que no fue en favor de los pobres: durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el número de multimillonarios en México creció de diez a 22, según el informe Beneficios en fuga de Oxfam México. Si hubo una concentración de riqueza, quiere decir que el resto del pueblo se empobreció aún más.
Para continuar con este análisis, es necesario señalar que Morena tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, lo que le permitió controlar el Poder Legislativo. Se impulsó entonces una reforma con la cual el Poder Judicial perdió autonomía e independencia. A partir de aquí comienza lo alarmante: si antes existían tres poderes, ahora todos están bajo la dirección de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien encabeza el “segundo piso de la 4T”.
Los cambios señalados desembocaron en una concentración del poder. Pero no termina ahí. El catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa se expandió, la seguridad pública quedó bajo mando militar, desaparecieron organismos autónomos como el INAI, el IFT y la Cofece, y se debilitó al Instituto Nacional Electoral.
Todo apunta a un mayor control sobre el pueblo mexicano, que por todos lados expresa su inconformidad ante la inseguridad que lo envuelve y quema a fuego lento al país. El sistema de salud está colapsado, el sistema educativo está olvidado.
Hasta ahora, el pueblo sólo goza de una relativa libertad de expresión. Y decimos relativa porque México es uno de los países más inseguros para quienes se atreven a decir la verdad. Y como la verdad molesta, ahora se busca eliminar ese derecho con la nueva Ley de Telecomunicaciones. Aunque su aprobación se haya detenido por ahora, lo preocupante es que la intención de silenciar al pueblo sigue viva, presente en los cambios que prometió la 4T.
La intención de esa ley es acallar a quienes revelan lo que realmente sucede en el país, porque la realidad se contrapone al lema de que “en México se vive feliz”. Es una medida más para concentrar el poder. Si lo permitimos, veremos y sufriremos las consecuencias de estos “cambios”, como ya ha ocurrido.
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