Uno de los principales factores que afectó a miles de familias y cientos de comunidades fue la incomunicación, la falta de acceso por vía carretera que imposibilitó la entrada de ayuda humanitaria, así como la falta de servicios básicos de energía eléctrica y red telefónica, lo que provocó que familiares estuvieran en la zozobra de no saber de sus seres queridos.
La reciente tragedia nos debe forzar a un examen sobre el modelo de desarrollo en México. Debemos entender que no bastan las transferencias monetarias.
Hasta el día de hoy, de acuerdo con las cifras oficiales, 64 comunidades permanecen incomunicadas, pero son muchas más. Todo esto reveló, para quien no conociera la situación, y reafirmó para quienes la conocen, la falta de inversión en infraestructura carretera y de servicios básicos, así como la vulnerabilidad en que viven las comunidades de la Sierra Otomí-Tepehua, la Sierra Alta y la Huasteca, ahora las más afectadas por las tormentas.
La magnitud de la devastación en Hidalgo es difícil de exagerar y sus efectos todavía están presentes, a más de dos semanas de los hechos. Las comunidades que permanecen incomunicadas vía terrestre en Hidalgo son de los municipios de Tianguistengo (quince comunidades, entre las que se encuentran: Chapula, Tlacolula y Cholula), San Bartolo Tutotepec (quince, de acuerdo con el gobierno estatal. Pero las cifras oficiales no concuerdan con la realidad; los vecinos señalan que son más de 37, entre ellas: Cerro Verde, Cerro Negro, Santa Cruz, Piedra Ancha, El Veinte, San Jerónimo, El Canjoy, etcétera), Huehuetla (ocho, pero la población señala que podrían ser más de 20; destacan San Gregorio, Acuautla, Juntas Chicas, San Lorenzo Achiotepec). Tenango de Doria y Tlanchinol también se suman a los municipios donde se concentran el mayor número de comunidades sin acceso por carretera.
El colapso de arterias viales dejó al descubierto la vulnerabilidad de las comunidades que dependen de una red carretera precaria. En la Sierra Otomí-Tepehua, los accesos a los municipios de San Bartolo Tutotepec, Tenango y Huehuetla presentaron derrumbes y bloqueos en varios puntos, como Piedras Negras, El Damó, Huasquilla y Santa Mónica; y permanece cerrado el acceso en Río Chico, entrada a las comunidades más alejadas de San Bartolo, y en Acuautla, punto de entrada para toda la zona norte de Huehuetla. También permanece bloqueada la carretera de Santa María hacia la zona de La Laguna en Tenango.
Además, 28 puentes esenciales colapsaron; por ejemplo, el puente Tamoyón I en Huautla; su pérdida dejó aisladas a dieciocho localidades, forzando a las familias a depender de un transporte fluvial provisional para trasladar alimentos, medicinas y productos básicos.
De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), de los veintiocho puentes dañados, dieciséis mantienen paso provisional, “mientras continúan las labores de rehabilitación en las zonas más complicadas”. Es decir, doce puentes no se han rehabilitado.
Antes de las lluvias, las señales de alerta sobre el estado de la infraestructura carretera nacional y estatal ya eran evidentes. El Movimiento Antorchista en reiteradas ocasiones lo señaló, enfatizando las necesidades de las zonas más afectadas ahora: la Sierra Otomí-Tepehua, la Huasteca y la Sierra Alta. Sin embargo, la política de aplicación de Morena no contempla estas carencias.
El Paquete Económico 2025 mostró una preocupante despriorización de la infraestructura, con recortes severos. México Evalúa reveló que el gasto que se dirige a la creación de obras públicas como carreteras, puentes, escuelas u hospitales tuvo su peor caída en los últimos 30 años.
De enero a agosto, se destinó un total de 509 mil 778.4 millones de pesos a la inversión física, lo que representó una caída de 33.7 % anual en términos reales, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se trata de la disminución más profunda para un mismo periodo desde 1995.
En su nota “Inversión en infraestructura tiene su peor recorte en 30 años”, El Sol de México señala que, en cuanto a infraestructura carretera, la inversión privada durante el sexenio de AMLO sumó 45 mil 743 millones de pesos, a precios de 2024, lo que significó una caída de 61.5 % respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto.
La inversión pública en este rubro también retrocedió, alcanzando 296 mil 414 millones de pesos, lo que implicó una contracción de 39.7 % frente al sexenio anterior.
Así, los estragos de las fuertes lluvias de octubre de 2025 en Hidalgo no fueron simplemente un desastre natural, sino también el resultado de una infraestructura carretera y de todo tipo debilitada por años de subinversión.
Además, las imágenes de voluntarios caminando para llevar ayuda a comunidades aisladas, o en lanchas sustituyendo a los puentes, y las familias y voluntarios trabajando todos los días para retirar el lodo que inundó las casas —en Huehuetla, algunas hasta de más de dos metros—, con avances lentos debido a la falta de maquinaria, muestran la solidaridad del pueblo para levantarse y la ausencia de un gobierno realmente preocupado por los más vulnerables.
La reciente tragedia nos debe forzar a un examen sobre el modelo de desarrollo en México. Debemos entender que no bastan las transferencias monetarias, que son útiles para complementar los bajos ingresos de las familias, y que, para la clase en el poder, sirven para obnubilar conciencias y comprar votos; invertir en infraestructura es una obligación del Estado para con sus ciudadanos y es una estrategia de protección vital para las comunidades más rezagadas, que se encuentran a merced de los fenómenos climáticos, y la pobreza y vulnerabilidad seguirán imperando.
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