La decisión pone en riesgo otros 4 mil trabajos indirectos, impacta a más de 7 mil familias y golpea la economía regional
Jiutepec, Mor. La empresa automotriz Nissan Motor confirmó el cierre de su planta de manufactura ubicada en el Centro Industrial del Valle de Cuernavaca (Civac), Jiutepec, como parte de una reestructuración global que busca concentrar su producción en instalaciones más modernas y eficientes, principalmente en su complejo de Aguascalientes. La medida tomará efecto al finalizar el año fiscal 2025, es decir, en marzo de 2026.
“Mi esposo lleva dieciocho años trabajando en Nissan. Con eso construimos nuestra casa y damos estudios a nuestros hijos. No sabemos qué vamos a hacer si cierran”.
El anuncio ha causado preocupación y descontento entre los más de 3 mil trabajadores que laboran en la planta, quienes ya fueron notificados sobre la decisión de la compañía.
A ello se suman los aproximadamente 4 mil empleos indirectos que dependen de la operación de la armadora japonesa en la región, entre ellos proveedores, transportistas, personal de limpieza, vigilancia y pequeños negocios de los alrededores que subsisten gracias a la actividad industrial de Nissan.
La incertidumbre es la constante entre las familias de Jiutepec, Emiliano Zapata, Temixco, Cuernavaca y otras zonas cercanas, donde residen la mayoría de los obreros.
Muchos de ellos tienen dieciocho años trabajando en la planta y han construido su patrimonio familiar gracias a los ingresos generados por esta fuente de empleo.
El cierre representa un golpe devastador para la economía local. Desde su inauguración en los años 60, la planta de Nissan en CIVAC ha sido uno de los principales motores industriales del estado de Morelos, brindando empleo bien remunerado y estabilidad a miles de familias.
“Mi esposo lleva dieciocho años trabajando en Nissan. Con eso construimos nuestra casa y damos estudios a nuestros hijos. No sabemos qué vamos a hacer si cierran”, expresó con angustia Patricia López, vecina de la colonia Otilio Montaño, en Jiutepec.
De acuerdo con economistas locales, el impacto no se limitará al desempleo. El cierre de la planta también provocará una disminución en el consumo regional, caída en la recaudación de impuestos municipales y estatales, y mayor presión sobre los servicios sociales del gobierno.
Diversos sectores han comenzado a exigir la intervención del gobierno federal y estatal para proteger los derechos laborales de los empleados y generar alternativas de reactivación económica para Morelos.
Sindicatos, organizaciones sociales y representantes de trabajadores han solicitado que se garantice la reubicación voluntaria de los obreros o, en su defecto, una indemnización justa, así como programas de reinserción laboral.
El futuro de miles de trabajadores y sus familias está en el aire, y con él, también el de una región que por décadas ha tenido en la industria automotriz a uno de sus principales pilares económicos.
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