Está por cumplirse un año desde que entró en vigor la modificación al artículo 19 constitucional, impulsada por el gobierno morenista, la cual amplia el catálogo de delitos que ameritan la llamada Prisión Preventiva Oficiosa (PPO), que no es otra cosa más que una figura jurídica que permite encarcelar a una persona sin sentencia cuando se le impute un delito, ignorando con esto la llamada “presunción de inocencia” o el amparo, es decir, una persona es culpable hasta que se demuestre lo contario. Pero, ¿Qué pasa cuando se utiliza en contra del pueblo trabajador, los más vulnerables del país, esta inhumana modificación? Para comprender la dimensión del problema, conviene mirar los datos más recientes sobre empleo en Morelos. En el primer trimestre de 2025, la tasa de desocupación en Morelos fue muy baja, de acuerdo a estudios y estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aproximadamente 2.05 % de la población económicamente activa (PEA) estaba desempleada. Pero ese indicador positivo se acompaña de un dato mucho más revelador: el 66.1 % de la población ocupada trabaja en la informalidad. Eso significa que dos de cada tres trabajadores morelenses laboran sin contratos formales, seguridad social ni prestaciones o en condiciones precarias muy similares a los 32 millones de trabajadores informales en México. Además, apoyando este dato, según los reportes de la Encuesta Nacional de Ocupación (ENOE), en Morelos el 70 % del comercio opera en la informalidad. Muchos de estos comercios informales son negocios pequeños, puestos ambulantes, servicios callejeros, tianguis, reventas o talleres domésticos, actividades que permiten a familias sobrevivir ante la carencia de empleos formales. Por tanto, la “normalidad laboral” en Morelos no es el empleo formal seguro, sino la informalidad como estrategia de sobrevivencia diaria.
En la capital del estado, Cuernavaca y en otras ciudades morelenses, la informalidad se traduce en la presencia masiva de vendedores ambulantes y “changarros” que operan sin registro formal. Por ejemplo, un reporte reciente señala que en Cuernavaca sólo 1,200 ambulantes cuentan con permiso municipal, mientras que se estima que muchos más operan de forma irregular.
Esta situación refleja un fenómeno estructural: la incapacidad del Estado para impulsar que el mercado formal absorba la fuerza laboral, la precariedad del empleo formal y la necesidad de recurrir al comercio informal para garantizar el sustento. Para muchas familias morelenses, trabajar en la calle, vender productos o servicios de forma independiente no es una vía de evasión fiscal o “delito”, como dicen los legisladores morenistas, sino la única forma viable de generar ingresos que aseguren la supervivencia familiar.
Imaginemos ahora que una medida estatal o federal, como la ampliación de la prisión preventiva oficiosa (PPO), se utiliza para sancionar a vendedores ambulantes o comerciantes informales, acusándolos de evasores fiscales, tal como lo anunció de manera enmascarada e insensible, la presidenta Claudia Sheinbaum la semana pasada en la mañanera respaldada por el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino. Esa medida podría asegurar detenciones automáticas, sin juicio previo, simplemente por operar sin permisos o estar en la informalidad.
Aplicar PPO en Morelos sobre el comercio informal implicaría, en primer lugar, detener preventivamente a personas que no han cometido delitos graves, sino que viven del trabajo honesto, aunque informal, en segundo lugar, se criminalizaría a dos de cada tres trabajadores que laboran día a día para sacar adelante a su familia, en tercer lugar, se castigaría a la pobreza y la precariedad, no la delincuencia real de manera descarada. Y finalmente generaría miedo, inseguridad y desprotección social, sobre todo en quienes dependen del comercio informal para subsistir. Y sin temor a equivocarme, la PPO dejaría de ser una herramienta contra el crimen para convertirse en un instrumento de represión social masiva.
Por todo esto, modificar las leyes a conveniencia de los poderosos no ayuda a hacer frente a esta realidad, la respuesta no deben ser cárceles ni medidas de represión, sino políticas públicas de distribución justa de la riqueza social, así como la formalización y apoyo gubernamental real. Es de suma importancia impulsar incentivos para formalizar negocios pequeños y ambulantes que requieren registros simplificados. Por otro lado, es necesaria la capacitación laboral, acceso a créditos, asesoría para quienes quieren migrar de la informalidad a la formalidad y lo más importante: salarios dignos que aseguren cubrir las necesidades más elementales de los trabajadores, Por todo esto, el Estado morelense necesita reconocer que la informalidad es una realidad estructural y no un problema moral, es decir, debe actuar en consecuencia, con políticas que integren, protejan y dignifiquen, no que castiguen. Imponer la prisión preventiva oficiosa como respuesta ante la informalidad no resolvería este problema estructural: sólo generaría desigualdad, injusticia y represión. Sería, en efecto, criminalizar la pobreza.
El gobierno morenista no tiene como objetivo real el desarrollo económico de este país, ni mucho menos que los trabajadores tengan mejores condiciones de vida. Debemos organizarnos todos los que padecemos de la desigualdad ya que es de suma importancia que esta fuerza se levante en contra de sus represores que usan las leyes como medio de sometimiento. Lamentablemente. gran parte de estos trabajadores están segados por un brillo engañoso generado por la hoz de su verdugo. Tal vez, el llamado a celebrar 7 años de engaños sea un llamado al encierro perpetuo. La invitación está hecha.
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