Estamos a una semana de que miles de estudiantes de los diferentes niveles educativos regresen a clases y existe gran incertidumbre del futuro de las escuelas entre los profesores y los padres de familia, a raíz de una medida anunciada por la secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello Espinosa, con la cual “no se permitirá el cobro de cuotas escolares en ninguna escuela pública, ya que en la entidad veracruzana se está impulsando a la educación en todos sus niveles de forma gratuita”. Una medida, según la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), ordenada expresamente por la gobernadora Rocío Nahle García.
Según la profesora Tello Espinoza, los cobros de cuotas obligatorias por inscripciones en las escuelas van contra la Constitución de la República, que en su artículo tercero establece que la educación debe ser gratuita y, al mismo tiempo, atentan contra el derecho humano a la educación. Sin embargo, la medida ordenada por la SEV, está tomada al vapor y carece de un análisis serio y detenido de las necesidades que existen en todas las escuelas del estado que no son atendidas por el gobierno.
Es cierto que el artículo tercero de la Constitución Federal establece que: “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.” (…) “Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.
De acuerdo a lo anterior, el Estado, a través de sus diferentes niveles de responsabilidad, debe garantizar que las escuelas cuenten con los elementos necesarios para que la educación que impartirán los maestros no solo sea gratuita, sino que principalmente de la calidad que demanda la formación del futuro del país. Pero preguntémonos: ¿en realidad eso es así?, ¿las escuelas tienen condonados todos los servicios?, ¿cuentan con aulas equipadas para que los estudiantes tomen sus clases?, ¿hay laboratorios para que se hagan experimentos científicos?, ¿existen canchas deportivas y espacios para la práctica de las bellas artes? o ¿los módulos de baños están en las mejores condiciones y con los materiales de limpieza para mantenerlos limpios, así como los demás espacios de la escuela?
El impacto de las medidas anunciadas por la SEV era de esperarse, pues en múltiples partes de la entidad ya se están presentando problemas en el seno de la comunidad estudiantil de miles de escuelas, pues se está contraponiendo a los padres de familia con los directores y profesores por el pago de la cuota de apoyo a las escuelas. El problema se está agravando porque en muchos casos, las supervisiones escolares están llamando a los directores de los planteles para decirles que deben devolver cualquier cuota de inscripción cobrada.
Por lo que se está generando una disyuntiva en la que ambas partes parecen tener razón, por un lado, los padres de familia que, buscando reducir gastos, demandan no hacer ninguna aportación y por el otro los directores y maestros que preocupados por cómo resolver los problemas del pago de la luz, el agua, los materiales de limpieza entre otros, apelan al raciocinio de los padres.
Nuevamente, como en el caso de las “nuevas tarifas de taxis”, vemos cómo el gobierno con sus medidas irresponsables y demagógicas está atizando un problema al interior de la comunidad estudiantil de los planteles, para dejar a salvo su responsabilidad en los problemas que atraviesan las escuelas. Se está echando a pelear a los padres contra los maestros, para dejar oculta o en las sombras el hecho tan evidente de que las cuotas de inscripción han sido resultado de muchos años de abandono institucional de las escuelas y de sostenidas reducciones al presupuesto educativo de los gobiernos.
Por tanto, la solución también es clara, la SEV y el Estado deben atender las necesidades de las escuelas como la construcción de aulas; el pago de la luz y el agua; la compra de materiales didácticos, administrativos, de limpieza y hasta la renta y demás gastos de sus propias supervisiones, pero nada de eso se ha dicho hasta ahora.
Ciertamente, la titular de la SEV ha empeñado su palabra de que esta dependencia atenderá todas y cada una de las necesidades que tengan las escuelas y ha pedido que la gente le crea como por acto de fe. No obstante, falta aclararle a los padres y maestros con precisión de qué presupuesto y a cuánto ascenderá el monto que dispondrá el gobierno estatal para cumplir con esta promesa y, lo más importante, a partir de cuándo y por cuáles métodos se dispersarán esos recursos, pues de lo contrario al finalizar el primer mes de clase, las escuelas no tendrán ni para pagar la luz o el agua, servicios que al perderse afectarán gravemente a los estudiantes y profesores.
Y vistas así las cosas debe resultarnos evidente que las inscripciones gratuitas son, como en el caso de las reducciones a las tarifas de taxis, medidas puramente demagógicas para ganarse rápidamente el apoyo de los padres de familia, pero que en el corto plazo provocarán más problemas que supuestos beneficios, por ejemplo, cuando las escuelas se queden paralizadas por falta de los materiales más indispensables.
La consigna del momento debe ser: ¡educación gratuita y de calidad ya! Y, en lugar de disputas entre padres y docentes, ambas partes deben comprender que es su unidad y decisión para luchar en contra del gobierno que niega educación digna a sus hijos y alumnos lo único que puede lograr que las “promesas” del gobierno se hagan realidad. Docentes, padres de familia y estudiantes deben prepararse para seguir dando la lucha por un mejoramiento real y sustancioso de sus condiciones educativas. La situación reclama un llamado a la acción inmediata.
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