• Es la quinta entidad con mayor informalidad a nivel nacional
La informalidad laboral y la pobreza que conlleva sigue siendo un reto persistente en Hidalgo. Durante 2023, la entidad se ubicó entre los diez estados con mayor porcentaje de personas ocupadas en la informalidad, con un 68 %, por encima del promedio nacional del 61 %. Sin embargo, las cifras más recientes muestran que el panorama no ha mejorado sustancialmente.
Más de siete de cada diez trabajadores hidalguenses carecen de acceso a la seguridad social y a las prestaciones que marca la ley.
Al cierre de 2025, la tasa de informalidad en Hidalgo aumentó a 71.3 %, consolidando al estado como la quinta entidad con mayor informalidad a nivel nacional, muy por encima del promedio nacional del 55.4 %. Esto significa que más de siete de cada diez trabajadores hidalguenses carecen de acceso a la seguridad social y a las prestaciones que marca la ley.
Pero el problema va más allá de las cifras de informalidad. Un fenómeno igualmente alarmante es la persistencia de la pobreza laboral, es decir, la incapacidad de los hogares para superar la condición de ingresos insuficientes para cubrir la canasta alimentaria básica.
De acuerdo con el último estudio del Observatorio Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias CEEY, Hidalgo se colocó entre las diez entidades del país donde la pobreza laboral se mantuvo persistente entre 2024 y 2025.
En términos concretos, el 73.6 % de los hogares hidalguenses en pobreza laboral no pudo adquirir una canasta alimentaria con su ingreso laboral per cápita, una cifra que coloca al estado en un nivel de alerta económica.
Este fenómeno no es aislado. El análisis nacional revela que, de los 11.9 millones de hogares en pobreza laboral en México durante el último trimestre de 2024, el 65.7 % permaneció en esa condición un año después.
La persistencia en pobreza laboral, que mide precisamente esa continuidad, es un indicador de la movilidad social estancada. En Hidalgo, esta problemática se incrementó junto con entidades como Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Morelos, Jalisco y Nuevo León.
A pesar de que el gobierno estatal ha destacado una reducción en la pobreza, la realidad de miles de familias sigue siendo crítica. El ingreso laboral per cápita en Hidalgo es de apenas 2 mil 722 pesos mensuales, una cifra inferior al promedio nacional de 3 mil 344 pesos.
Esto explica por qué, a pesar de los avances macroeconómicos, siete de cada diez hidalguenses aún no cuentan con ingresos suficientes para comprar los alimentos de la canasta básica.
Para comprender por qué la informalidad y la pobreza laboral persisten y se profundizan en Hidalgo, es necesario ver que el fenómeno de la informalidad no es una anomalía o un rezago cultural, sino una expresión contemporánea de la explotación capitalista y del “ejército industrial de reserva”, del que se sirve.
En el capitalismo dependiente mexicano, la informalidad cumple una función estructural: permite abaratar el costo de la fuerza de trabajo al despojar a millones de trabajadores de sus derechos laborales, seguridad social y prestaciones.
La constante presión por la competitividad obliga a las empresas formales a externalizar riesgos y trasladar su planta laboral hacia formas precarias de contratación.
El Estado, lejos de garantizar el pleno empleo, actúa como garante de esta dinámica, manteniendo un marco legal flexible y una fiscalización insuficiente que favorece al capital.
La persistencia de la pobreza laboral en Hidalgo evidencia el fracaso de las políticas asistencialistas que, sin tocar la estructura de propiedad y de producción, pretenden mitigar la miseria sin eliminar sus causas.
El llamado “semáforo de movilidad social” del CEEY muestra que el 63.7 % de los hogares permanece atrapado en los niveles salariales más bajos y el 18.7 % cae en pobreza laboral aun cuando antes no lo estaba. Esto es la movilidad descendente típica de una economía donde la explotación se intensifica y la fuerza de trabajo se deprecia constantemente.
Así, la solución no pasa por reformas menores o por incrementar programas sociales sin transformar la base productiva.
Se requiere romper con la lógica del capital monopólico y con el modelo de acumulación que subordina el bienestar de las mayorías a las ganancias de unos cuantos.
Asimismo, se necesita la construcción de un Estado que realmente garantice el derecho al trabajo digno, con salarios que cubran ampliamente la canasta básica y con acceso universal a la salud y la seguridad social.
Mientras la propiedad privada de los medios de producción siga siendo el eje rector, la informalidad seguirá siendo un reservorio de mano de obra barata que disciplina a los trabajadores formales y la pobreza laboral se reproducirá generación tras generación.
Un gobierno como los actuales no puede cumplir esa obligación sin contradicciones; por ello, la exigencia debe ser la construcción de un gobierno obrero y popular que ponga la economía al servicio de las mayorías.
Sólo mediante la organización de la clase trabajadora, la lucha por sus derechos y la conquista del poder político para transformar radicalmente las relaciones sociales de producción será posible erradicar de raíz estas lacras.
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