• En 2026 se destina más de un billón de pesos a programas sociales y 42.9 millones reciben apoyos
Uno de los grandes retos de todos los gobiernos de México, así lo afirman, es reducir la pobreza. Es una de las principales promesas de campaña de candidatos presidenciales y de candidatos a gobiernos de los estados: despertar la esperanza de los más necesitados para manipular el voto del electorado.
El asistencialismo sin oportunidades no es desarrollo y la verdadera justicia social no se construye con limosnas.
Y en 2026, con un presupuesto social histórico de más de un billón de pesos, distribuidos a través de los programas del bienestar, la pregunta obligada es: ¿realmente estamos combatiendo la pobreza o solo comprando conciencias?
Los números son impresionantes. Entre 2019 y 2026, el presupuesto destinado a los programas para el bienestar pasó de 291 mil millones de pesos a más de un billón de pesos, un aumento de 244 %. Para este año, 42.9 millones de personas recibirán algún apoyo.
La pensión para el bienestar de las personas adultas mayores aumentó a 6 mil 400 pesos bimestrales, se creó la pensión Mujeres Bienestar con 3 mil 100 pesos para mujeres de 60 a 64 años y las becas escolares cubrirán a 22.8 millones de estudiantes, un incremento de 216 % respecto a 2025. Cifras de escándalo, sin duda.
Pero, ¿qué dicen los resultados? El economista Gonzalo Hernández Licona, fundador del Coneval, identificó hace años cuatro errores que los gobiernos mexicanos han repetido sistemáticamente. Al revisarlos en 2026, duele comprobar que siguen vigentes como una profecía autocumplida.
El primero: creer que reducir la pobreza es limitarse a aplicar programas sociales, principalmente la entrega de dinero. Un país con grandes desigualdades, con violaciones sistemáticas a derechos humanos y sociales, no resuelve sus problemas solo con transferencias económicas.
Para 2026, el gobierno federal proyecta un crecimiento económico de entre 1.8 % y 2.8 %, un ritmo moderado que simplemente no alcanza para generar los empleos formales que la población necesita. ¿De qué sirve recibir una pensión si no hay oportunidades para salir adelante por cuenta propia?
El segundo error duele por obvio: el combate a la pobreza asociado a la política electoral, olvidando los resultados de mediano y largo plazo. Las transferencias monetarias, en lugar de ser herramientas de desarrollo, se convierten en mecanismos de control electoral.
En 2026, con Claudia Sheinbaum en la presidencia, los programas para el bienestar se mantienen como el “corazón de la política social”, pero el corazón late al ritmo del calendario electoral, no de las necesidades reales de la población.
El tercer error es quizá el más grave: no ligar la política social con un acceso efectivo que iguale oportunidades. “Es más fácil poner un piso firme que brindar servicios públicos de calidad”, sentenció Hernández Licona. Y qué razón tenía.
Este año se destinaron 26 mil millones de pesos a “La Escuela es Nuestra” para mejorar infraestructura escolar y se consolida el IMSS-Bienestar para 53.2 millones de mexicanos sin seguridad social. Sin embargo, la carencia en el acceso a la salud mostró un incremento preocupante en años anteriores. ¿De qué sirve el dinero si las escuelas siguen sin enseñar y los hospitales sin medicinas?
El cuarto error es el más delicado en este 2026: el desprecio a la evaluación sistemática y la corrección de errores. El gobierno anterior eliminó programas sin análisis técnico y recientemente desapareció el Coneval. Hoy, el Inegi asume la responsabilidad de realizar la primera evaluación integral de la política social, con resultados esperados para agosto o septiembre.
La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Política de Egresos, evaluará los programas individualmente. Pero, ¿será suficiente esta nueva arquitectura institucional para garantizar que el gasto se traduzca en resultados?
El Insabi, que sustituyó al Seguro Popular, fue una de las decisiones más controversiales del gobierno anterior y afectó gravemente el acceso a la salud de los más pobres. Ahora se impulsa el IMSS-Bienestar para recuperar la cobertura perdida. Corregir el rumbo es necesario, pero cada error cuesta años de retraso en la vida de millones de mexicanos.
Una verdadera política de gobierno para combatir la pobreza solo será efectiva si cuenta con una genuina intención de resolver los graves problemas nacionales. En 2026, con un presupuesto social sin precedentes y una nueva etapa en la evaluación de políticas públicas, la gran incógnita persiste: ¿estos recursos se traducirán en una disminución efectiva de la pobreza?
La respuesta, que conoceremos en los próximos años, no depende solo del gobierno. Depende de que el pueblo organizado y las instituciones exijan acabar con las graves desigualdades y con las enormes injusticias contra los más pobres.
Depende de que entendamos, de una vez por todas, que el asistencialismo sin oportunidades no es desarrollo y que la verdadera justicia social no se construye con limosnas, sino con servicios de calidad, empleos dignos y oportunidades para todos.
México merece más que un billón de pesos repartido en transferencias. México merece una política social que transforme realidades, no que las maquille.
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