La guerra por el agua parece haber comenzado. Y, una vez más, México se encuentra en el lado más vulnerable del conflicto. Frente a las prolongadas sequías y el avance del cambio climático, nuestro país corre el riesgo de quedarse sin el vital líquido, atrapado en un compromiso asfixiante con los Estados Unidos, que exige el cumplimiento estricto de un tratado firmado hace más de 80 años, en circunstancias muy distintas a las actuales.
El viejo Tratado de Aguas de 1944 fue concebido con la intención de establecer reglas justas para el reparto del agua de los ríos Bravo y Colorado. Sin embargo, las condiciones del siglo XXI son otras: la sequía azota con una fuerza sin precedentes, los embalses están al límite y los ecosistemas agonizan. Aun así, el gobierno estadounidense ahora bajo fuertes presiones políticas internas insiste en que México debe entregar los volúmenes acordados, sin importar que los pueblos del norte mexicano se queden secos.
Expertos advierten que el panorama es alarmante. Por primera vez en más de medio siglo, en marzo de 2025 Estados Unidos se negó a enviar agua del río Colorado a Tijuana, en un acto de presión directa para que México entregue más agua al sur de Texas. Mientras tanto, el gobierno mexicano reconoce su deuda hídrica, pero intenta mantener una postura conciliadora, buscando acuerdos que permitan reequilibrar el reparto del recurso ante la emergencia climática.
Sin embargo, los números no mienten. De los 2,158 millones de metros cúbicos que México debe aportar en el ciclo 2020–2025, apenas se ha entregado menos de la mitad. Para cubrir el faltante, el gobierno podría recurrir al agua de presas y ríos de estados como Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas, precisamente los más afectados por la escasez. Es decir, para cumplir con el tratado, México podría condenar a su propia gente a la sed.
Según el investigador Gonzalo Hatch Kuri, de la UNAM, el problema no es nuevo. Desde 1906 y luego en 1944, México y Estados Unidos pactaron el intercambio de agua bajo el principio de “buena vecindad”.
Pero hoy ese espíritu se desdibuja ante los intereses económicos, agrícolas e industriales de ambos lados de la frontera. En teoría, México recibe cuatro veces más agua del río Colorado de la que entrega del Bravo; en la práctica, la crisis climática, el sobreconcesionamiento y el crecimiento urbano hacen que este equilibrio sea ya insostenible.
Estamos, entonces, ante un nuevo tipo de conflicto internacional, silencioso pero devastador: el del agua. Si el país cede ante la presión de Washington, millones de mexicanos podrían quedarse sin el recurso más básico. Si se resiste, se arriesga a sanciones económicas y políticas.
Lo más preocupante es que esta situación recuerda los tiempos en que los caciques controlaban los ríos y las acequias, decidiendo quién podía regar sus tierras o beber. Pareciera que hemos retrocedido un siglo: los poderosos siguen teniendo agua; los pueblos, solo promesas y sed.
Es urgente replantear los acuerdos hídricos con una visión de soberanía y justicia ambiental. El agua no puede seguir tratándose como una mercancía negociable, sino como un derecho humano y un bien nacional estratégico.
Si México continúa entregando su agua sin defender su derecho a subsistir, no habrá tratado, ni diplomacia, ni progreso posible que valgan la pena. Y cuando llegue el día en que abramos la llave y no salga ni una gota, será demasiado tarde para rezar por lluvia.
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