• 864 mil 305 alumnos dejaron las aulas durante el ciclo escolar 2024-2025
Uno de los factores principales que contribuyen a la formación y desarrollo de un país es la educación de calidad. En países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se invierten aproximadamente 13 mil 210 dólares por cada estudiante que cursa desde la primaria hasta la universidad.
Sin embargo, esta situación dista mucho de la realidad a la que nos enfrentamos en nuestro país. Aquí apenas se invierten 3 mil 650 dólares, es decir, casi cuatro veces menos que lo recomendado por organismos internacionales.
Esta situación afecta a decenas de miles de estudiantes en todo el país; es decir, el sector educativo enfrenta un rezago que se incrementa cada vez más por la falta de voluntad de las autoridades gubernamentales, quienes se niegan a destinar los recursos suficientes a la educación, trayendo como consecuencia, entre otras, que el peso de la educación recaiga en la ya lacerada economía de las familias pobres, quienes, a su vez, batallan todos los días para apenas alcanzar la canasta básica, sin mencionar los gastos en salud, vivienda, vestido y demás necesidades.
Al no existir una política educativa verdaderamente eficiente, cimentada en principios pedagógicos y no políticos, los resultados cada vez se hacen más visibles: los docentes, con salarios de hambre, se ven obligados a buscar otras fuentes de ingreso, tiempo que podrían dedicar a la planeación de sus clases.
Hay docentes sin plaza, es decir, que trabajan y no reciben un salario, por lo tanto, los padres de familia se ven obligados a cooperar para que el maestro no se muera de hambre; no hay escuelas y, si las hay, muchas veces están hechas de cartón, lámina o madera, es decir, son aulas improvisadas por los propios padres ante la imperiosa necesidad de que sus hijos se eduquen.
Otros no tienen tanta suerte; en sus comunidades no hay escuelas donde puedan seguir estudiando, lo que los obliga a abandonar su hogar y trasladarse a las grandes ciudades en busca de una oportunidad académica.
Y otra vez, los gastos económicos como renta, alimentación, internet y computadoras recaen sobre las familias humildes. En otros casos, la única opción es resignarse y dedicarse al trabajo para ayudar con el gasto en la casa. Esa también es una realidad que se vive a diario.
Vemos todos los días a niños y jóvenes que deberían estar estudiando haciendo malabares en los cruceros, cargando bultos en los mercados, en la construcción o en el campo.
Por tanto, los estudiantes que alzan la voz para exigir que esta situación cambie, quienes denuncian a los culpables para transformar esta realidad, encabezan una lucha justa y necesaria porque no luchan sólo por ellos; luchan también por todos aquellos que no tienen la oportunidad de seguir estudiando.
En el ciclo escolar 2024-2025, 864 mil 305 estudiantes abandonaron sus estudios, especialmente en el nivel medio superior; es decir, la tasa de deserción escolar alcanzó el 30.9 %.
Ante esta situación, y tomando acciones concretas para transformar la realidad que viven día a día en sus escuelas, jóvenes y docentes salieron a las calles este 26 de mayo para exigir al gobierno de Puebla no sólo ser escuchados, sino que se actúe en consecuencia para garantizar el artículo tercero de la Constitución mexicana.
¿Qué piden los estudiantes y los docentes: lujos, locuras o cosas impensables? Nada de eso, sólo lo justo y elemental para que puedan tener una educación digna y de calidad. Por ejemplo, en el bachillerato “Joaquín Osorio”, una escuela de la Mixteca, piden que se les brinden instalaciones, puesto que desde hace quince años vienen trabajando entre un edificio por el cual deben pagar renta y aulas móviles.
Ni pensar, pues, en contar con laboratorios de cómputo, instalaciones deportivas o espacios culturales que les permitan tener una formación integral adecuada.
En esta misma región del estado de Puebla, en la Mixteca, hace falta el pago de horas y la asignación de plazas para docentes de once bachilleratos, porque con las pocas horas que se les pagan —trabajan más de las que la Secretaría de Educación Pública les reconoce— les resulta insuficiente para vivir dignamente. Mientras tanto, las autoridades educativas permanecen con oídos sordos.
En el caso de la Villa Estudiantil “Ing. Aquiles Córdova Morán”, ubicada en Tecomatlán, los moradores, que son jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico, la Normal Superior “Mixteca Baja” y el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 110, que llegaron a este municipio en busca de una oportunidad para continuar con sus estudios, piden que se les apoye con el subsidio para el comedor, además de colchones y literas suficientes.
Como vemos, no se trata de una intransigencia, sino de demandas justas que, en algunos casos, han sido ignoradas por años. Sin embargo, lejos de sumar esfuerzos, el propio Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación Pública prefieren traerlos de vuelta en vuelta, tocando, un día sí y otro también, la puerta de las dependencias, haciendo horas de antesala, mesas de trabajo infructuosas o, simplemente, como sucedió este 26 de mayo, ignorarlos.
La solución está en manos de las autoridades. De ellas depende únicamente que los docentes y los alumnos permanezcan en las aulas continuando con sus estudios si se les brindan las condiciones materiales necesarias para ello; de lo contrario, tendrán que salir nuevamente a las calles a elevar la voz porque el abandono al sector educativo es cada vez más ignominioso.
Por tanto, la lucha no es sólo por ellos, sino por todos aquellos a quienes el Estado les niega su derecho a la educación de calidad.
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