La corrupción es el abuso del poder encomendado para beneficio propio, que afecta a las instituciones, la democracia y la economía global mediante sobornos, malversación y deshonestidad. Socava el Estado de Derecho e incrementa la pobreza y la desigualdad al desviar recursos públicos. Su combate requiere integridad, ética, transparencia y participación ciudadana.
El llamado “huachicol fiscal” habría generado pérdidas por alrededor de 610 mil millones de pesos en 2025, una cifra que multiplica por 40 el impacto económico del caso Segalmex.
México se mantiene estancado en materia de combate a la corrupción, de acuerdo con los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2025, presentado por Transparencia Internacional y comentado por Transparencia Mexicana. Aunque el país registró una ligera mejora de un punto en su calificación —al pasar de 26 a 27 sobre 100—, cayó una posición en el ranking global y se ubicó en el lugar 141 de 182 países evaluados. México se mantiene muy lejos de los países mejor evaluados como Dinamarca con 89 sobre 100, Finlandia con 88 sobre 100 y Singapur con 84 sobre 100.
“Sobre los factores que explican el bajo desempeño del país, la organización destacó la transformación de los esquemas de corrupción. El llamado ‘huachicol fiscal’ habría generado pérdidas por alrededor de 610 mil millones de pesos en 2025, una cifra que multiplica por 40 el impacto económico del caso Segalmex” (El Economista, 11 de febrero de 2026).
Para Transparencia Mexicana, enfrentar estas nuevas redes de macrocriminalidad requiere fortalecer capacidades estatales, cooperación internacional y mecanismos de protección del erario.
Otro elemento señalado fue la persistencia de la extorsión, especialmente entre sectores vulnerables. Según datos oficiales y del sector privado, al menos 16 % de las empresas fueron víctimas de extorsión, lo que afectó principalmente a micro y pequeñas unidades económicas.
Además, se detalló que una parte significativa de la población identifica la extorsión como uno de los delitos más comunes en su vida cotidiana, mientras que 60 % de las personas reportaron haber sido víctimas de corrupción o extorsión policial.
El informe indicó también la ineficacia en la sanción de la corrupción administrativa y penal. Según Transparencia Mexicana, solo en 7 % de los casos de corrupción administrativa se impone alguna sanción.
Actualmente persiste la impunidad en casos emblemáticos como Odebrecht y Pemex Agronitrogenados, mientras que en expedientes como la Estafa Maestra o Segalmex las sentencias se han limitado a responsabilidades individuales, sin desarticular redes completas de corrupción.
“En el contexto internacional, México ocupa el último lugar entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico al situarse en la posición 38 de 38 economías evaluadas. En el Grupo de los Veinte, el país se colocó en la última posición, solo por encima de Rusia” (El Economista, 11 de febrero de 2026).
A nivel Latinoamérica, la República mexicana estuvo mejor evaluada que Guatemala con 26 puntos, Paraguay con 24, Honduras con 22, Nicaragua con catorce y Venezuela con diez; sin embargo, se ubicó por debajo de Brasil con 35 y Chile con 63.
De manera general, la corrupción empeoró en todo el mundo, pues el número de países con puntuación superior a 80 se redujo de doce hace una década a solo cinco en 2025. La puntuación promedio mundial se sitúa en 42 sobre 100, su nivel más bajo en más de una década.
Durante los gobiernos de la 4T, iniciada con Andrés Manuel López Obrador, México ha enfrentado dos de los casos de corrupción más relevantes: el desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, y el denominado huachicol fiscal.
Sobre Segalmex, las autoridades federales presentaron más de 150 denuncias penales y 47 personas fueron investigadas por delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, por irregularidades en compras y contratos millonarios realizados por esta paraestatal.
Por su parte, el huachicol fiscal involucró redes de contrabando y manipulación aduanera que permitieron la entrada ilegal de combustibles a través de puertos.
El problema de la corrupción no debe analizarse únicamente como una desviación administrativa, sino como un sistema de relaciones que garantiza impunidad y beneficios para ciertos actores en detrimento del conjunto de la sociedad.
La corrupción afecta la competitividad, el Estado de Derecho y las libertades. Sobre todo, afecta a toda la sociedad. Existe el riesgo de un Poder Judicial capturado políticamente. En pocas palabras, sería el caos.
Urge romper inercias y replantear de fondo la arquitectura anticorrupción del país.
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