Lo que está ocurriendo en Venezuela no debe analizarse como un hecho aislado, ni como un simple conflicto interno entre facciones políticas. Venezuela se ha convertido en el caso emblemático del imperialismo estadounidense en América Latina, una región históricamente castigada por la intervención directa o encubierta de Estados Unidos cada vez que un pueblo decide tomar un rumbo distinto al dictado desde Washington.
Para Estados Unidos no se trata de liberar pueblos ni de defender la democracia; se trata de controlar territorios y apropiarse de recursos estratégicos.
Hoy, el país sudamericano vuelve a estar en el centro de una narrativa peligrosa: la criminalización de su gobierno como pretexto para justificar el intervencionismo, ocultando los verdaderos intereses económicos que se mueven detrás del discurso “anticrimen”.
La acusación reiterada contra el presidente Nicolás Maduro, señalándolo como líder de redes criminales vinculadas al narcotráfico, forma parte de una estrategia ya conocida. No es una novedad histórica.
Estados Unidos ha utilizado este mismo libreto en distintas etapas y geografías: primero construye un enemigo, luego lo deshumaniza, después lo presenta como una amenaza global y, finalmente, legitima la intervención como una supuesta acción necesaria para “salvar” a un pueblo. Sin embargo, la experiencia demuestra que donde llega la llamada paz norteamericana, lo que queda es devastación.
Afganistán, Irak, Libia y Siria son ejemplos contundentes. Países enteros fueron destruidos, sus recursos saqueados, sus estructuras sociales pulverizadas y millones de personas condenadas a la miseria, el desplazamiento forzado y la violencia permanente. ¿Ese es el modelo de paz que se pretende exportar a América Latina?
La respuesta es evidente. No se trata de liberar pueblos ni de defender la democracia; se trata de controlar territorios y apropiarse de recursos estratégicos.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, y ese dato, incómodo para el discurso oficial estadounidense, explica buena parte de la presión internacional, las sanciones económicas, los intentos de aislamiento diplomático y las amenazas constantes de intervención.
El problema no es Nicolás Maduro como individuo; el problema es que el pueblo venezolano decidió romper con un modelo económico subordinado y ejercer su derecho a la autodeterminación. Ese acto, imperdonable para el imperialismo, es castigado con hambre inducida, bloqueo financiero y desestabilización política.
La comunidad internacional, en amplios sectores, ha condenado estas prácticas. Sin embargo, existen gobiernos que, por alineación ideológica o por conveniencia económica, defienden la postura de Estados Unidos y repiten su narrativa sin cuestionarla.
Nada justifica la violación de la soberanía de una nación, ni el atropello a la voluntad popular de un pueblo que eligió un camino distinto. La democracia no puede imponerse con sanciones ni con ejércitos.
Lo que sucede en Venezuela debe encender los focos rojos en toda América Latina: México, Cuba, Nicaragua y otros países han sido mencionados directa o indirectamente como “problemas” a resolver por la política exterior estadounidense.
El discurso es siempre el mismo: combatir el crimen organizado, el narcotráfico, acabar con las armas de destrucción masiva o la corrupción. Pero detrás de esa fachada se esconde el objetivo real: reafirmar el control político y económico sobre la región.
México, por ejemplo, posee recursos naturales estratégicos, una posición geográfica clave y una historia de resistencia que incomoda a los intereses imperiales. Pensar que está exento de presiones o amenazas es un error grave. La lección venezolana es clara: cuando un país no se somete, se convierte en objetivo.
En este contexto, el surgimiento y fortalecimiento del bloque Brics representa un elemento fundamental. No es sólo una alianza económica; es un contrapeso político y geopolítico frente a un modelo unipolar que se cree dueño del planeta.
Los Brics impulsan la idea de un mundo multipolar, donde cada nación tenga derecho a decidir su propio destino sin amenazas, bloqueos ni invasiones. Esa visión ofrece una alternativa real frente al imperialismo que hoy muestra su rostro más agresivo.
El imperialismo estadounidense ha entrado en una fase peligrosa: actúa como si no existieran límites, como si la soberanía fuera un concepto obsoleto y como si los pueblos del mundo debieran obedecer sin cuestionar. Permitir ese avance sin resistencia sería abrir las puertas a un futuro de destrucción, pobreza y dependencia para millones de personas.
Por ello, la unidad de los pueblos es urgente y necesaria. No se trata de defender a un presidente o a un gobierno en particular; se trata de defender principios fundamentales: la soberanía, la democracia real y el derecho de cada nación a elegir su modelo económico, político y social. Los pueblos de América Latina, y en especial el pueblo mexicano, debemos ser solidarios con Venezuela, no por afinidad ideológica, sino por conciencia histórica.
Hoy el escenario es alarmante. El llamado a la unidad debe resonar en cada rincón del planeta. Detener el avance del imperialismo no es una consigna ideológica, es una necesidad histórica. De lo contrario, el futuro más cercano será uno de ruinas, saqueo y miseria para quienes se atrevan a desafiar al poder hegemónico. Defender un mundo multipolar es, hoy más que nunca, defender la vida, la dignidad y la esperanza de los pueblos.
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